El Gobierno evita el impago de la Generalitat valenciana

Primer malentendido de bulto entre la Generalitat y el recién constituido Gobierno central a cuenta de un aval para evitar un impago del Consell. Según reconocieron ayer fuentes del Ejecutivo regional, el Tesoro Público tuvo que acudir la semana pasada a su rescate para evitar el impago de una deuda financiera que hacía días que había vencido y que no había podido satisfacer debido a sus acuciantes problemas de liquidez. Sin embargo, el Ministerio de Economía lo niega. Fuentes oficiales del departamento que dirige Luis de Guindos aseguraron que el Tesoro no ha avalado ninguna operación financiera de la Generalitat, pero no pudieron precisar si el Consell ha recibido algún otro tipo de ayuda por parte del Estado para solventar el impago en el que el propio Consell admite haber incurrido, aunque fuera por apenas unos días.

El origen de la disparidad entre las versiones ofrecidas por el Gobierno autonómico y el central fue una información aparecida en el digital 'vozpopuli'. En ella se relataba que la Generalitat Valenciana se había visto obligada a pedir el auxilio del Tesoro Público para evitar incurrir por primera vez en 'default' (impago) al no poder hacer frente a un vencimiento de deuda que tenía contraída con el Deutsche Bank. Se trata de la primera vez que un gobierno autonómico se ve forzado a pedir un aval del Estado para poder pagar a los bancos.

Según confirmó posteriormente el propio Consell, los problemas de liquidez del Ejecutivo regional le impidieron atender un vencimiento con la citada entidad financiera la semana pasada. Cinco días después del plazo fijado para saldar la deuda, la Generalitat recibió un balón de oxígeno en forma de aval del Tesoro que le permite ampliar el plazo de devolución.

Fuentes de la Generalitat reconocieron ayer que la semana pasada se llevó a cabo una negociación a tres bandas con el Tesoro y con la entidad financiera afectada para superar la situación. Finalmente se alcanzó una solución amistosa; el Deutsche Bank dio por bueno el aval público para conceder un nuevo plazo al Consell, que de ese modo evitó el impago. «Lo importante es que se han atendido los compromisos financieros», se limitaron a afirmar desde el Consell sin precisar el volumen del vencimiento ni las condiciones del aval del Tesoro.

Por el contrario, fuentes oficiales del Ministerio de Economía consultadas por este diario negaron que el Tesoro haya avalado a la Generalitat, aunque no aclararon si ha existido otro tipo de respaldo financiero al Consell.

De haber sido así, no sería la primera vez que el Estado financia a la Generalitat Valenciana para evitar un impago. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) participó junto al BBVA, La Caixa, Bankia y el Banco Sabadell en un gran acuerdo para inyectar liquidez al Consell mediante pólizas de crédito individuales. Apenas unos días antes, el 20 de diciembre, el ministerio de Economía, con Elena Salgado como ministra en funciones, adelantó a varias comunidades autónomas la transferencia mensual que el Gobierno realiza los últimos días de cada mes por el sistema de financiación autonómica. El Consell recibió así, tres días antes de lo previsto, 480 millones de euros.

En el alambre del impago

Pese al adelanto de esa transferencia, la Generalitat Valenciana se vio obligada a negociar el mencionado acuerdo con la gran banca ante las enormes dificultades para poder devolver el importe de los primeros bonos patrióticos que colocó entre inversores particulares. Sus planes pasaban por realizar una nueva emisión de bonos de este tipo por importe de 1.800 millones para afrontar ese vencimiento e, incluso, poder saldar parte de la abultada deuda que arrastra con sus proveedores. Sin embargo, los inversores minoristas no respondieron como se esperaba y la operación concluyó con apenas 1.058 millones colocados, muy por debajo de los casi 1.600 que necesitaba de forma urgente para devolver la primera emisión de bonos patrióticos.

La premura para conseguir el dinero y, sobre todo, la exigencia de evitar el impago a toda costa obligó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a movilizarse para obtener la financiación. Primero, antes de que concluyera la emisión, lo intentó con los empresarios, a quienes les pidió que suscribieran a cambio de realizar nuevos recortes desde el Consell. Posteriormente, una vez concluyó la emisión con una cantidad colocada muy por debajo del importe objetivo, se recurrió a la gran banca.

La consecuencia inmediata a las dificultades para obtener financiación llegó en forma de revisión de su solvencia. Las agencias S&P y Fitch pusieron en duda su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros mientras que Moody's dejó directamente la deuda a largo plazo de la Comunitat al nivel de bono basura.