El Tribunal Constitucional ampara a una etarra porque no se investigó bien su denuncia por torturas

El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a la etarra Sara Majarenas al considerar que el Juzgado encargado de una denuncia que ésta presentó por maltrato policial tras su detención hizo una investigación "a todas luces insuficiente" y cerró el caso sin practicar determinadas pruebas.

En una sentencia, el TC ha concluido que el archivo de la investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, "omitiendo la práctica de medios de investigación disponibles e idóneos para el esclarecimiento de los hechos", vulneró el derecho de Majarenas a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos. Por ello, ha ordenado que se retrotraigan las actuaciones a antes de que el Juzgado dictara el primer auto de archivo de la denuncia, que luego fue confirmado, para que continúe la investigación respetando los derechos de Majarenas.

La etarra fue detenida en febrero de 2005 en Valencia y fue trasladada a dependencias policiales y de allí al Hospital Universitario de Valencia, donde fue reconocida por un médico y por el forense de un Juzgado de Valencia, que dijo en su informe que la detenida "refiere que se encuentra bien, aunque con cierta ansiedad por su situación. Que no tiene lesiones ni dolor. Posteriormente indica que está cansada y que la han pegado en la cabeza".

No se ratificó la denuncia

En la denuncia que Majarenas presentó el 8 de abril de 2005, la etarra sostenía que los malos tratos se produjeron no sólo en Valencia, sino también en las dependencias policiales en Madrid. En septiembre, el Juzgado decretó el sobreseimiento de la denuncia al considerar que no obedecía a fines objetivos sino que su único fin era "minar la labor que día a día realizan los miembros y cuerpos de Seguridad del Estado" y en venganza a esta actuación. El alto tribunal reprocha al Juzgado que no citara a declarar a la etarra para que ratificara su denuncia y que tampoco incorporara a la investigación ni sus declaraciones ni los informes médicos practicados en Madrid.

Según la sentencia, la actuación del órgano judicial no se ajustó a las exigencias establecidas por la doctrina constitucional y sus argumentos para descartar la verosimilitud de lo denunciado no han satisfecho la exigencia de "una investigación eficaz". Para el TC, "el limitado marco de averiguación de que ha dispuesto el órgano judicial resulta a todas luces insuficiente para poder descartar toda sospecha de malos tratos" sobre la etarra, condenada en octubre de 2007 a 13 años de prisión por los delitos de integración en banda armada, falsedad en documento oficial y tenencia ilícita de armas.