Día del trabajador migrante

El 4 de diciembre de 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Ese mismo día, una década después, Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre de cada año.

La citada Convención, en vigor desde el día 1 de julio de 2003, es un tratado internacional de carácter global que regula los derechos de los 214 millones de migrantes que hay en el mundo, de los cuales 105 millones son trabajadores activos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como se ha demostrado en España, los trabajadores migrantes contribuyen decisivamente a equilibrar las economías nacionales, favorecen la apertura cultural de los países de destino, garantizan la viabilidad demográfica de los Estados occidentales y constituyen uno de los sectores más dinámicos de la denominada sociedad global. Asimismo, son considerados como auténticos agentes de cooperación al desarrollo toda vez que en algunas naciones las remesas económicas de los emigrantes representan hasta el 60% de su PIB, en ocasiones con cifras muy superiores a las partidas destinadas a cooperación al desarrollo por las grandes potencias.

Ahora bien, no podemos olvidar que, con frecuencia, a cambio de los innumerables beneficios que los trabajadores migrantes aportan a nuestras sociedades, estas personas reciben condiciones laborales penosas, baja remuneración, ambientes de trabajo discriminatorios e inseguros y falta de adecuados espacios de integración. En los últimos años, estos males han sido agravados por las restrictivas políticas migratorias y por la crisis económica, cuya incidencia sobre la vida familiar y social presenta especiales caracteres de dramatismo en el caso de los 212 millones de desempleados migrantes que hay en el mundo.

Por este motivo, coincidiendo con el Día del Migrante de 2010, que se celebra mañana 18 de diciembre, cabe recordar que según el artículo 25 de la mencionada Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los trabajadores migratorios son acreedores de un trato que, en relación con la remuneración y otras condiciones de trabajo y de empleo, no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo; y que los Estados están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores migratorios no se vean privados de ninguno de sus derechos. Entre ellos, destaca el derecho a ser informados, antes de su partida o en el momento de su admisión en el Estado de empleo, de todas las condiciones aplicables a su admisión, de los requisitos que deberán cumplir en el Estado de empleo y de las autoridades a las que deben dirigirse (artículo 37 de la Convención); y el deber de los Estados de facilitar toda la información que los trabajadores soliciten acerca de sus derechos, gratuitamente y en un idioma que puedan entender, así como sobre cualesquiera otras cuestiones que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en el Estado de empleo (artículo 33).

Pues bien, a la luz de este conjunto normativo regulador de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares, que se une al establecido por las legislaciones de la Unión Europea y del Estado sobre extranjería y relaciones laborales, cabría realizar dos breves reflexiones. En primer lugar, que este régimen jurídico, todavía necesitado de mayor desarrollo y mejor aplicación, es de obligado cumplimiento por todos los poderes públicos y por todas las personas, quienes somos siempre iguales en dignidad y derechos con independencia de nuestro origen. Y, en segundo lugar, que como han asegurado filósofos y juristas desde la antigüedad, el grado de desarrollo y grandeza de los Estados y las ciudades se mide por la manera de acoger y proteger a quienes vienen de fuera; por lo general, para contribuir al bienestar general con su sacrificio, trabajo e ilusión. La aplicación de esas dos reflexiones a la provincia de Cádiz nos obliga a reconocer y agradecer el trabajo constante, discreto y eficaz de asociaciones y fundaciones que, como la Fundación Tartessos, la Asociación Cardijn o Tierra de Todos, están dedicadas desde hace años a formar, asesorar y acompañar de forma ejemplar a los inmigrantes y sus familias; entidades que, en estos tiempos de crisis económica y gran decepción por la clase política, nos dignifican como sociedad y como personas.