Folletín de Ubrique

Belén, campanas de Belén», parodiaba hace años una chirigota ubriqueña, cuando se destapó la caja de Pandora de las pendencias entre Belén Esteban y María José Campanario en el entorno de Jesulín de Ubrique, un folletín mediático que esta semana se ha visto enriquecido con la presencia ante las cámaras de Carlos Carretero Máñez, aquel nefando suboficial en funciones de jefe de la Policía Local de Ubrique que fue condenado en 2004 por el Tribunal Supremo a seis años y un día de inhabilitación por un delito de torturas cometido en 1994, en la persona de José Luis G. Ll., alias El Pajarito, acusado de haber robado unas botellas en un bar. No fue su último tropezón con la justicia. Según afirma ahora ante las cámaras de Canal Sur, Carretero ha denunciado por apropiación indebida y estafa por valor de 42.000 euros al célebre torero. Pero esto viene de antiguo y lo cierto es que el juzgado de Ubrique decidió en principio archivar la querella por lo que Carretero lo que hace ahora es presentar un recurso contra el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial. La noticia, retomada por Telecinco, hizo exclamar a la comentarista Lidia Lozano: «Estoy encantada de haber hablado con Carlos Carretero, porque vamos a tener muchas pruebas e información sobre el Caso Karlos». Belén, que estaba presente, soltó un expresivo: «Como este hombre cante, la gallina por delante».

He ahí el trasfondo de este asunto, el del Caso Karlos y la compleja trama del fraude. La denuncia actual se centraría en la negativa del torero a devolver los 42.000 euros de entrada que le habría facilitado en marzo de 2006 el principal imputado en dicha operación, que no pudo cerrar el proceso de compraventa al ingresar en prisión. Tras salir en libertad bajo fianza de 100.000 euros, el diestro se habría negado a devolver la suma al siniestro, a pesar de habérselo reclamado por fax y por carta. Y es que Jesulín habría dado por roto el acuerdo y vendido dicha propiedad inmobiliaria a alguna tercera persona. Lo habitual en tales tratos es que si en la fecha prevista para la firma de escrituras y el pago de la venta, no se presenta el vendedor, este debe pagar el doble de lo anticipado por el comprador. Y en caso contrario, el interesado pierde la señal. ¿Estaría justificada la ausencia de Carretero por el hecho de que estuviese en la trena, en el mes de julio de aquel año, que fue cuando fijaron la firma? He ahí la clave del litigio que podrá darle al denunciante la oportunidad de resarcirse indirectamente si fija una contraprestación económica adecuada por sus previsibles próximos paseos a través de los platós. De momento, Belén Esteban, habitual de tales escenarios mediáticos y ex de Jesulín, se ha limitado a declarar: «Yo no tengo que decir nada, solo que la justicia en este país va muy lenta, y lo que tienen que hacer es acelerar los juicios pendientes y dar pensiones a la gente que se lo merece». La Princesa del Pueblo, tal y como se autoproclama, aludía a la llamada Operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social que obtenía irregularmente pensiones por incapacidad laboral. La trama salió a la luz en 2005 y se saldó con la detención de 28 personas y la imputación de otras 10, un año después, justo un mes más tarde de que Carretero y Janeiro cerraran el acuerdo de compraventa. El sumario encausa como principales inculpados a Carretero y a Francisco Casto Pérez-Lara, un inspector médico de la Unidad de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social en la provincia de Cádiz. Entre ambos, captaban clientes para un oscuro negocio: la obtención fraudulenta de pensiones permanentes de la Seguridad Social tras el pago de entre 9.000 y 24.000 euros. Fueron funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de Cádiz quienes siguieron esta pista hasta descubrir conexiones con más de 200 empresas a escala estatal, sin contar varias firmas propias que actuaban como tapadera. Entre ellas, Carla Javini, Gabana Consulting o Consulting Carelly, que fue utilizada en su día para que Humberto Janeiro facturase exclusivas para medios de comunicación.

Lo curioso es que entre los encausados figura la esposa de Jesulín, María José Campanario, que consiguió previo pago de 18.000 euros un subsidio para su madre, Remedios Torres Jiménez, que no trabajaba pero que tenía reconocida una minusvalía sin derecho a prestación. Para ello, lograron que otra vecina de Ubrique, Isabel Gil -madre de Elisa Calvente, la secretaria de Carretero- se prestara a hacerse pasar por ella, de cara a pasar una revisión médica ya que padecía una dolencia en el brazo que le permitía ese tipo de baja. Lo de esta pensión se complicó más de la cuenta. Primero, porque nunca estuvo dada de alta. Segundo, porque nació en Castellón, donde residía. Así que se buscaron una tapadera empresarial, la de la Inmobiliaria Jerezana y un supuesto domicilio en Cádiz, que era donde podía hacerse con el subsidio, así que terminaron por domiciliarla en el número 2 de Salvador del Mundo, en la capital gaditana, en lo que era el domicilio familiar de Carretero. María José Campanario fue detenida por la Guardia Civil el ocho de abril de 2006 por «su participación directa en la trama», aunque salió en libertad bajo fianza de 12.000 euros.