La historia paga una deuda con Andalucía

Uno de los principales mandatos del Estatuto de Autonomía andaluz, el cobro de la denominada deuda histórica, se sellará dos años después de la entrada en vigor de la reforma estatutaria.

La Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma aprobará en los próximos díez días la cuantía definitiva de este débito, que se forjó en la década de los ochenta, cuando Andalucía asumió competencias en educación sanidad y servicios sociales con menores recursos que el resto de regiones del país.

Precisamente, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció ayer que el cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, denominada deuda histórica, se cerrará en torno a los 1.200 millones de euros, una cantidad que se encuentra dentro de la horquilla marcada durante la negociación y aprobada en el Parlamento andaluz, que iba de los 1.148 millones de euros a los 1.748 millones.

La firma se producirá antes del 20 de marzo, fecha fijada por la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado el pasado 18 de septiembre de 2008 después no haber podido cerrar un acuerdo y otorgarse un nuevo plazo de seis meses.

El Gobierno andaluz y el PSOE-A destacan el éxito de este logro. Y no sólo porque pone fin a 30 años de reivindicaciones, sino porque se obtiene en un difícil momento político y económico, con la crisis internacional y la negociación para la reforma del sistema de financiación autonómica como inquietante telón de fondo.

Los socialistas andaluces quieren, por lo tanto, que se pondere de forma adecuada la culminación de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto, más allá del retraso de seis meses con el que llega este reconocimiento oficial de la deuda histórica -el primer plazo, establecido en nuevo articulado autonómico, venció el 20 de septiembre de 2008-.

De entrada, se trabaja para que sea el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero el que rubrique este acuerdo, junto a Manuel Chaves, en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad que, con toda probabilidad, se llevará a cabo en la ciudad hispalense.

El PSOE-A, además, prepara una serie de actos por toda la Comunidad autónoma para dar cuenta de que tanto Zapatero como Chaves han cumplido con su compromiso respecto a la deuda histórica andaluza.

Nuevos anticipos

Esa cantidad, sin embargo, no llegará de forma inmediata a las arcas autonómicas andaluzas. La propia Disposición Adicional Segunda otorga un plazo de tres años para hacerla efectiva, desde la entrada en vigor del Estatuto-marzo de 2007-. Esto supone que el abono debe llegar antes del 19 de marzo del año que viene.

Lo que no queda descartado es que Andalucía reciba del Estado un nuevo anticipo a cuenta. Sería el tercero. El Gobierno de José María Aznar pagó en 1996 20.000 millones de pesetas y José Luis Rodríguez Zapatero, 300 millones de euros. El vicepresidente económico, José Antonio Griñán, ha incluido en los Presupuestos, como hizo en el ejercicio anterior, una partida de 300 millones de euros en concepto de deuda histórica. La cuantificación definitiva de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto andaluz tiene repercusiones políticas de calado nacional.

De entrada, el Gobierno andaluz tiene las manos libres para apoyar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Luis Pizarro, vicesecretario general del PSOE-A y el propio Griñán han explicado en el Parlamento las dificultades que tendría Andalucía al apoyar este modelo -con el que están de acuerdo en líneas generales- si antes no estaba resuelta la cuestión de la deuda histórica. Un término que, pese a responder a una cuestión andaluza, se ha extendido por todo el vocabulario político-social. Con esta denominación o una similar, los gobiernos regionales le reclaman al Estado más de 37.000 millones de euros.

Extremadura, que es junto Andalucía la única que acuñó este término en su Estatuto, ya ha anunciado que piensan calcar la fórmula andaluza. Los partidos de esta comunidad -gobernada por el socialista Guillermo Fernández Vara- negocian cómo incluir en la reforma de su Estatuto , que se prevé que pueda estar aprobado antes del verano, esta reivindicación como lo han hecho otras regiones.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, la reveló ayer: se copiará «de inicio a fin» el párrafo del texto andaluz que habla de la cuantificación de ese dinero extra y del pago por parte del Gobierno central. ¿El motivo? Extremadura quiere evitar que el Tribunal Constitucional eche para atrás su reforma y, por su puesto, garantizarse un mecanismo de cobro.

Por su parte, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, metió en el mismo saco a Cataluña y Andalucía y situó a ambas comunidades como privilegiadas por Zapatero. Aguirre lamentó la «desagradable sorpresa» de que el Gobierno «arregle por la puerta de atrás los problemas de algunas regiones y no de otras», en alusión a la deuda histórica.

Cataluña

«Los de Cataluña, al amparo del Estatuto, aunque se reconoce muchísimo más dinero del que les corresponde por inversión pública; y los de Andalucía, al parecer, por la deuda histórica», aseguró.

Se refería al acuerdo logrado la semana pasada por Cataluña, que recibirá 4.800 millones de euros, 800 más de lo previsto. El Presupuesto estatal ya contempla que los catalanes reciban (al margen de la inversión territorializada: 3.919 millones de euros) un plus de 707,20 millones para cumplir la cláusula del Estatut que condiciona que las inversiones se correspondan con su peso en el PIB nacional.