El tripartito vasco y Aralar presentan en el Constitucional sus alegaciones contra la suspensión de la consulta

Con una rueda de prensa en Madrid, tras acudir al Tribunal Constitucional, los presidentes del PNV, EA, Aralar y EB, Íñigo Urkullu, Unai Ziarreta, Patxi Zabaleta y Javier Madrazo, respectivamente, han presentado sus alegaciones contra la suspensión cautelar de la consulta planteada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe. Su principal argumento es que no hay burla alguna de la legalidad sino que el referéndum tiene por único objetivo "orientar" a los partidos.

Las alegaciones del tripartito vasco y de Aralar ante el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno a la Ley de Consulta del Parlamento vasco se basan en que el texto autonómico no es vinculante y no constituye "un mandamiento" para modificar el estatus jurídico de Euskadi. Una hora antes de comparecer ante la prensa habían sido presentadas en el Registro del Tribunal Constitucional. Han acompañado las alegaciones con una petición para que se levante la suspensión de la ley.

Los argumentos del PNV

Uno por uno han ido repitiendo argumentos muy similares. Han insistido en que la ley fue aprobada por el Parlamento vasco y "no tiene más sentido que preguntar a los ciudadanos para solucionar el conflicto" y encontrar un acuerdo político para mejorar el autogobierno. Para Iñigo Urkullu (PNV), las alegaciones están hechas desde "la serenidad y normalidad absoluta, sin dejarnos arrastrar por la provocación que supone el recurso" del Gobierno y del PP, que "no sabemos si buscan la confrontación institucional y social, en la que no nos van a encontrar".

A su juicio, la consulta "no tiene consecuencias", ya que sus resultados "no operarían dentro de ningún procedimiento abierto" para tomar decisiones políticas, "sino para orientar" a los partidos. Como ya hiciera el lehendakari, el dirigente peneuvista ha pedido al TC que se pronuncie sobre la suspensión y el fondo del recurso antes del 15 de septiembre, ya que de lo contrario se producirían "perjuicios irreversibles" para la sociedad vasca, que no sería consultada. Ese día es cuando Ibarretxe tiene previsto hacer la convocatoria oficial del referéndum para el 25 de octubre.

Frente común de los socios de Ibarretxe

Unai Ziarreta (EA) ha defendido la consulta porque supone "la esencia de la democracia". Impedir su celebración, apuntaba, "es extremadamente grave" porque "se nos impide no solo decidir, sino opinar". Convencido de que no se trata de una cuestión jurídica o legal, entiende que la decisión de interponer recurso por parte del presidente del Gobierno es una "falta de voluntad política y de miedo a las preguntas, de decir quién es el que manda y que las instituciones vascas no estamos autorizadas a hacer nada que desde Madrid no se autorice".

El coordinador de Ezker Batua, Javier Madrazo, ha aprovechado su intervención para lanzar reproches a costa de la negociación del Gobierno con ETA. Lo ha hecho cuando calificaba de "gran mentira orquestada" el recurso de inconstitucionaldiad. Y apuntaba que "quienes han negociado con ETA y Batasuna" no quieren que ahora se vote el fin de la violencia de la banda y que las fuerzas democráticas decidan sobre su futuro en el País Vasco. También ha tenido críticas para el TC, que considera que actúa como "correa de transmisión" del Gobierno y del PP, "que afirman que la consulta no se va a celebrar nunca".

En opinión de Patxi Zabaleta (Aralar), la consulta no es más que "un intento de paz" para la sociedad vasca, que afecta a la ciudadanía y a la sociedad española y se ha mostrado esperanzado en que el Tribunal Constitucional, "en todo o en parte", pueda decir sí a la Ley de Consulta.

El Gobierno pide que se mantenga la suspensión de la ley

Mientras el tripartito y la formación de Aralar presentaban sus alegaciones, el Gobierno también movía ficha para pedir al TC que mantenga la suspensión de la ley para evitar el "daño irreversible a los intereses generales del Estado" que se produciría en el caso de que la consulta se celebrara y, posteriormente, fuera declarada inconstitucional.

El Ejecutivo sostiene que, en ese caso, "la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva de autorización" que reserva la Constitución al Estado y lesionando el interés de preservar la soberanía del pueblo español.

Desde el PP, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha considerado un "disparate" que el tripartito y Aralar "defiendan un ataque a la soberanía nacional y a la Constitución" como la "consulta Ibarretxe", que ha calidficado de "desafío a la democracia y a la Constitución". Según Cospedal, mantener esa deriva soberanista, "una locura", no hace más que perjudicar a los ciudadanos del País Vasco y a los intereses de cualquier gobierno del País Vasco que tenga sentido común".