El Gobierno recurre ante el Constitucional la consulta de Ibarretxe publicada hoy en el Boletín vasco

El Boletín oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado la ley de Convocatoria y Regulación de Consulta Popular, aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento vasco, que prevé que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, convoque el próximo 15 de septiembre la consulta que pretende celebrar el 25 de octubre. El Gobierno, por medio de la Abogacía del Estado, ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de inconstitucionalidad, que ya habia redactado tras la aprobación del Consejo de Ministros y que permanecía a la espera de la publicación oficial de la norma para poder impugnarla.

Según ha explicado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, las consecuencias del recurso son las establecidas por la Constitución y ha recordado que, una vez que el recurso sea admitido a trámite, la norma recurrida quedará suspendida durante cinco meses, mientras el Tribunal resuelve. Asimismo, se ha mostrado convencido de que el lehendakari no va a insistir en la convocatoria de la consulta y que si lo hiciera o llevara a cabo cualquier otra acción, el Gobierno respondería por vías legales.

Al recurso presentado esta mañana por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, en nombre del presidente del Gobierno, se suma el que el PP ha presentado este mediodía, también ante el TC, por medio de la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, y el coordinador de Justicia, Federico Trillo. Se cumple así lo anunciado por Gobierno y oposición, después de que el Ejecutivo vasco dilatara al máximo el plazo legal para la publicación la ley en el BOPV con el objetivo de retrasar todo lo posible el recurso.

En contra un 'referéndum consultivo'

La Abogacía del Estado sostiene en el recurso que la consulta aprobada por el Parlamento vasco "es, con toda claridad, un referéndum consultivo" en el que se pregunta a los ciudadanos vascos sobre asuntos de trascendencia para toda España.

Por eso el Gobierno pide al TC que declare la inconstitucionalidad de la Ley, ya que la Carta Magna establece que el Estado tiene la competencia exclusiva para convocar este tipo de consultas.

"La Ley recurrida ha de ser calificada como consulta popular por vía de referéndum o, más brevemente, referéndum consultivo sujeto a la autorización del Estado", señala el recurso, que además insiste en que las preguntas formuladas también vulneran el espíritu constitucional.

También expone que preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con que los partidos vascos "sin exclusiones inicien un proceso de negociación" sobre el derecho a decidir del pueblo vasco supone también una violación de la Constitución, que atribuye la soberanía nacional al pueblo español (y no a una parte del mismo), y atenta contra la unidad de la nación española.

Los argumentos del PP

Los 'populares' sostienen en su recurso que la ley vasca supone una "violación del sistema constitucional de competencias" e invocan la defensa de la soberanía nacional. Además, apuntan la "inconstitucionalidad material" de las dos preguntas que se plantean para la consulta por entender que eluden "la voluntad del pueblo español en su conjunto y "supeditan el inicio del proceso a una decisión previa" de ETA.

El primer partido de la oposición solicita al alto tribunal la tramitación prioritaria y urgente del recurso ante "la gravedad e inminencia de la consulta" y, en concreto, le reclama que el fallo se produzca antes del 14 de septiembre de este año dado que a partir de esa fecha los electores pueden empezar a solicitar el voto por correo. Por eso, reclama que se habilite el mes de agosto.

El tripartito contempla impulsar la desobediencia

Los partidos del tripartido, además de Aralar, trabajan en las medidas de respuesta de carácter legal, político e institucional que impulsarían en el supuesto de que finalmente se impida la consulta. El texto fue aprobado con los votos de PNV, EA y EB, a los que se sumó un apoyo que EHAK prestó a esta iniciativa, lo que permitió que finalmente saliera adelante.

La primera medida, de carácter jurídico, será la presentación de alegaciones ante el TC para defender la constitucionalidad y legalidad de la Ley de Consulta . El Gobierno Vasco defenderá en este caso que la norma sirve para convocar una consulta no vinculante y no un referéndum, con lo cual no sería necesaria la autorización de Madrid.

Los dirigentes nacionalistas y de EB vienen mencionando durante las últimas semanas la posibilidad de convocar a los vascos a manifestarse en la calle, algo que en principio no sería hasta después del verano, llevar el caso a las instituciones europeas e incluso impulsar la desobediencia. Otras de las opciones consiste en mover ficha en el Parlamento vasco con el fin de que la institución legislativa se pronuncie formalmente en contra del recurso.

Un régimen propio de unos comicios

La norma publicada hoy establece que la consulta se desarrolle y realice en base a la Ley que rige las elecciones autonómicas vascas y prevé una campaña similar a la de los comicios al Parlamento vasco y las subvenciones para los diferentes partidos de cara a la celebración de la consulta, según los escaños que hayan obtenido en la Cámara autonómica.

En ese sentido, el Consejo de Gobierno vasco del pasado 8 de julio autorizó una disposición de crédito global de presupuesto por un importe de 5,1 millones de euros, con el fin de atender las necesidades de crédito de pago del Departamento de Interior para la financiación de la ley de Consulta .