PUERTO REAL

El Refugio mantiene su confianza en el Seprona tras la decisión de reabrir la perrera de Puerto Real

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El presidente de la Asociación El Refugio, Nacho Paunero, manifestó hoy que la decisión del Juzgado de modificar las medidas cautelares, permitiendo reabrir la perrera de Puerto Real (Cádiz), no les parecía la mejor, aunque señaló que tienen "plena confianza" en el Seprona de la Guardia Civil para llevar a cabo las medidas de vigilancia y control dictadas por el Juzgado.

En declaraciones a Europa Press, Paunero manifestó que se han modificado las medidas cautelares, permitiendo así la reapertura de la perrera aunque con la vigilancia y control por parte del Seprona de los sacrificios que se hagan en ella, teniendo que dar parte posteriormente al Juzgado.

Asimismo, el presidente de El Refugio destacó como importante que el procedimiento, en el que están imputados el dueño, la directora, el antiguo y actual veterinario y algunos trabajadores, sigue abierto y continúa su marcha por los supuestos delitos de falsedad documental, denuncia falsa y un delito continuado de maltrato a los animales.

El Refugio denunció los presuntos maltratos a los animales el 15 de junio de 2007 y cuando se inició el procedimiento penal se personó como acusación solicitando como medidas cautelares el cierre de las instalaciones y la inhabilitación para la tenencia y profesión con animales de los imputados.

Según El Refugio, en esta perrera se recogían miles de perros y gatos de varios municipios gaditanos que eran sacrificados "de forma indiscriminada con un paralizante muscular que les produce la muerte por asfixia". "El paralizante que supuestamente utilizaban para sacrificarlos es un terrible maltrato, ya que los animales mueren agonizando lentamente y totalmente conscientes", según afirmó Paunero.

En este sentido, indicó que este método de sacrificio, además de causar una muerte lenta y agónica, resulta muy económico, ya que con unos 35 euros de paralizante se pueden sacrificar unas diez toneladas de perros y gatos.

Al tener conocimiento de estas prácticas, los miembros de este colectivo en defensa de los animales decidió denunciarlo ante el Seprona, que fue quien realizó la instrucción del proceso.