Economia

El primer Consejo de Ministros aprobará la rebaja de 400 euros que anunció Solbes

El Gobierno aprobará en la segunda quincena de abril la anunciada rebaja fiscal de 400 euros por contribuyente, que prometió el presidente electo José Luís Rodríguez Zapatero durante la pasada campaña. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, explicó que dicha medida se articulará como una deducción en la cuota del IRPF, a fin de que quede consolidada y tenga carácter permanente de cara a ejercicios venideros. Tendrá efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, por lo que para este año se pueda completar la suma prevista -su efecto se notaría a partir de las nominas de junio- habrá que efectuar una serie de ajustes.

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En la práctica, se producirá una reducción proporcional en las retenciones a cuenta del IRPF que las empresas hacen en las nominas de sus empleados. Para el resto de los contribuyentes, como los autónomos, el Ministerio aún estudia la fórmula para hacerles llegar ese dinero a través de una tributación menor. En el caso de los pensionistas, será la Seguridad Social la que practique el descuento correspondiente en la parte de esas prestaciones que retiene para Hacienda.

De esta forma, para un asalariado normal, sus emolumentos crecerían este año en unos 57 euros mensuales (al tener que prorratear la rebaja en menos meses) y el que viene en cerca de 33 euros.

En cuanto a la situación económica, Solbes insistió en que, según sus datos, España no está en crisis sino en un «período de desaceleración», de forma que incluso las cifras del paro deberían aumentar este año menos que el pasado (en 2007 hubo casi 107.000 parados más), «en especial si se atenúan, como parece razonable, las corrientes migratorias». En cualquier caso, el Gobierno tiene previsto implementar a corto plazo otra de sus promesas electorales, que es la ampliación gratuita del plazo para pagar hipotecas, destinada a las familias con «especiales dificultades», en cuya definición aún trabaja Economía, así como en ver qué clase de acuerdo se alcanza con las entidades financieras y los notarios para asumir los costes generados.