El Ayuntamiento de El Puerto da un ultimatum a Plasticur

La empresa Plasticur, que ocupó las instalaciones de Visteon tras el cierre de la multinacional, agota los plazos para rendir cuentas al Ayuntamiento de El Puerto con el que se comprometió a crear actividad y empleo a cambio de las facilidades para desembarcar en la ciudad. Tras varias convocatorias fallidas de reunión con sus responsables, el Consistorio le ha dado un ultimatum para que acredite el cumplimiento de ese convenio o se verá obligado a sancionar a este grupo empresarial.

Así se acordó en la última mesa de seguimiento celebrada la semana pasada en la que se decidió enviar un requerimiento a la compañía que aún no ha remitido la información que se le solicita, según han confirmado a este medio fuentes municipales.

Los activos en cuestión, ubicados en el polígono Tecnobahía, fueron transmitidos en junio de 2013 a un consorcio gallego, que lidera el empresario Ramón Hermo, a través de un acuerdo firmado con el anterior alcalde, Enrique Moresco.

Ese documento ofrecía unas magníficas condiciones a la compañía que, por su parte, se comprometía a la creación de cuarenta empleos en el primer año de un total de cien, además del desarrollo de una actividad industrial sólida basada en el reciclaje y la fabricación de componentes en fibra de carbono.

Estas líneas vendría a completar la oferta que ya desarrollan otras firmas del grupo instaladas en El Puerto como la conservera Maratlantis, que echó a andar gracias a una importante inversión de los fondos Reindus y la empresa Merkum, encargada de la fabricación de componentes eléctricos para el sector de la automoción. Pero Plasticur no ha tenido el mismo recorrido. A la falta de definición de la actividad se unieron las dificultades para el pago de las nóminas que han llegado a acumular retrasos de hasta tres meses, según denunciaron fuentes sindicales a principios de septiembre.

Hasta esa fecha los algo más de quince trabajadores que habían sido contratados en estas instalaciones realizaban labores de mantenimiento y acondicionamiento de la factoría a la espera de que se iniciara de una vez la actividad. Al parecer, la dirección venía negociando la participación de un grupo inversor extranjero para poner en marcha el proyecto, aunque no se ha dado más información sobre el resultado de los encuentros mantenidos.

Desde que expiró el plazo para cumplir con el compromiso de empleo y actividad el pasado 6 de junio los agentes sociales presentes en la comisión de seguimiento de Visteon han venido pidiendo explicaciones sobre este asunto y exigiendo que se inicie el proceso sancionador. Si el grupo no justifica el compromiso de empleo podría salirle caro, teniendo que pagar hasta 10.000 euros por cada puesto de trabajo no creado en este tiempo.