Un sistema desbocado

Si finalmente la justicia condena al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda por fraude, malversación, falsedad documental y contra la administración pública, será el momento de señalar y condenar a todos aquellos que, desde su posición de dirigente, deberían haber controlado que una red de estafa y engaño de estas características no se hubiese cometido. Porque si no se hace, ¿qué es lo que les queda a los ciudadanos? ¿cómo confiar en unos responsables políticos que no han sido capaces de controlar a un excompañero?

Parece que a nadie le resultó, por lo menos, sospechoso, que durante la época en que más subvenciones recibieron las empresas de Ojeda -le fueron otorgados 19,2 millones en ayudas-, fuese su cuñada, Teresa Florido, la encargada de firmarlas, ya que era la responsable de Dirección General de Formación de la Junta. ¿Casualidad o premeditación? Sea como sea, nada más empezar a abrirse la caja de pandora, la Junta decidió despedirla de su puesto por lo que muy bien no les debió parecer. Lástima que fuese tarde, otra vez. Es para indignarse y pedir responsabilidades.

Todo este 'modus operandi' deja en en evidencia la inutilidad o inexistencia de unos sistemas de control que, precisamente, deberían hacer eso, controlar que estos delitos no se produzcan y, aún menos, cuando de lo que se trata es de planes de recolocación y fomento, destinados a desempleados a los que ya no les quedan muchas oportunidades.

Una amplia oferta de cursos remunerados, subvencionados, que, según se ha llegado a saber, podría suponer que algunos usuarios de los mismos tuviesen que devolver parte del dinero recibido por asistir, si se demuestra durante la investigación que no recibieron formación. Eso sí, dejan claro, que dependerá de la cuantía y de los casos. Así que, mientras el supuesto culpable es recogido a las puertas del juzgado en un Porche Cayenne a la espera de juicio, los que buscaban una salida a su desgracia que preparen la cartera.