Herrero responsabiliza a su antecesor en la CEA en el caso de las viviendas

Santiago Herrero, expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) hasta el pasado enero, declaró ayer como imputado ante la jueza instructora del número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, por una presunta estafa en un caso de unas viviendas promovidas por la organización empresarial a través de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa.

Herrero, como patrono de dicha fundación y todavía presidente de la misma, debía responder de las acusaciones de estafa a raíz de las denuncias de varios pequeños contratistas del suministro de climatización, albañilería y revestimientos a los que la fundación les adeuda dinero de una promoción de 583 viviendas de protección oficial (VPO) ubicada en Sevilla, por la que la CEA recibió subvenciones de la Junta.

Ideado por Colunga

Al estallar la crisis del ladrillo muchas de las viviendas no se llegaron a terminar del todo y algunas ni se empezaron por falta de pago de unos promotores envueltos en un lío de sociedades y subcontratas. La mayor parte de la anterior cúpula de la CEA está imputada por este caso.

El proyecto, ideado por el expresidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, para proporcionar viviendas a los hijos de los empresarios, constituyó un fracaso y muchas de los pisos no llegaron a terminarse. Varios compradores que ya habían hecho entrega de dinero a cuenta protestaron ayer en los juzgados junto a los empresarios afectados.

Santiago Herrero, que solo respondió a la jueza y a su abogado, pero no a los letrados de la acusación, se desligó de la gestión y desarrollo de las viviendas, tarea de la que responsabiliza a Álvarez Colunga, fallecido en 2008. Según fuentes de la acusación -Herrero se negó a hablar con los periodistas-, el expresidente de la CEA manifestó que no tenía ningún conocimiento de la obra, de los retrasos o de la falta de liquidez de la fundación. Se definió como un mero patrono de la fundación e insistió en que era Álvarez Colunga quien poseía información de las obras y del proyecto.

Añadió que supo de la situación y de las cantidades adeudadas a raíz de las denuncias de los contratistas y de las protestas de los adjudicatarios. También añadió que cuando Colunga falleció las viviendas protegidas se hallaban construidas en un 75% y que él las ha dejado en un 98%, es decir, casi terminadas.

Los denunciantes acusan a la Fundación y a Dolmen, promotora con la que la CEA constituyó una sociedad de inversión, de crear «un entramado, engañándonos para que contratáramos con sociedades intermediarias, se declararon insolventes y encima no sabemos dónde está el dinero». Añaden, según Europa Press, que los imputados «acusan al banco de impago y de retrasar los créditos, pero el banco dice que ya abonó el dinero, por lo que no sabemos dónde está el dinero».