ESPAÑA

Los detenidos en México tienen pendientes diez asesinatos

Nárvaez y su pareja Itziar Alberdi ya están en prisión y serán juzgados por siete causas en la Audiencia Nacional

MADRID. Actualizado: Guardar
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Los dos etarras detenidos el domingo en Puerto Vallarta, en México, país en el que vivían en la clandestinidad y con identidades falsas desde hace 22 años, ingresaron ayer en prisión y sin fianza por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, de guardia cuando se produjeron los arrestos.

Juan Jesús Narváez Goñi y su pareja Itziar Alberdi Uranga ya están en la cárcel de Soto del Real de Madrid para ser juzgados por una decena de asesinatos pendientes cometidos en 1991 y 1992, según los siete sumarios que tienen abiertos en tres juzgados de instrucción, aunque uno habría prescrito.

En concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular es Fernando Andreu, tiene pendiente juzgar a Narváez por el asesinato en Murcia en 1992 del policía Ángel García Rabadán con un coche bomba y por el asesinato a tiros en 1991 de los policías nacionales José Garrido y Francisco Javier Delgado en Barcelona. Además, ambos están implicados en la muerte en 1992 del delegado de Ferrovial en la Comunidad Valenciana, José Edmundo Casañ.

En el Juzgado Central de Instrucción número uno, cuyo titular es Javier Gómez Bermúdez, les investigan por su implicación en un paquete bomba enviado en 1991 desde Toledo a Madrid a nombre de Jesús Gallego, de Construcciones Atocha, que causó la muerte a tres artificieros cuando querían desactivarlo. Narváez también está implicado en otra causa de este juzgado, pero que se encuentra prescrita. La de un coche bomba que estalló el 15 de abril de 1991 en el cuartel de la Guardia Civil de Torremolinos y causó varios heridos.

Por último, tienen causas pendientes en el Juzgado Central de Instrucción 5, cuyo titular es Pablo Ruz, entre ellas el asesinato en 1992 en Valencia del catedrático Manuel Broseta de un tiro en la cabeza.

Uranga tiene también una causa por un paquete bomba enviado al Ministerio de Justicia en junio de 1991.