Fomento amenaza con multar al 'banco malo'

Nuevo golpe de efecto de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que arrastra la polémica: el departamento de Elena Cortés comunicó ayer que ha abierto dos procedimientos administrativos contra el llamado 'banco malo', la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), por incumplir la función social de casi un millar de viviendas protegidas, viviendas que tienen una especiales obligaciones inherentes. Las VPO andaluzas, dijo Elena cortés, titular del departamento, «no están en venta en Andalucía para ningún salón inmobiliario, sino para que sea efectivo el derecho humano a la vivienda».

La Consejería comunicó este expediente que puede acarrear sanciones por un máximo de 109,44 millones de euros, si la Sareb no acredita ante la Consejería que ha puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los 911 inmuebles de este tipo, al menos, que posee en Andalucía. Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros.

Los registros públicos mencionados son los que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y recogen los requisitos socioeconómicos para acceder a éstas con garantías de igualdad, publicidad y concurrencia. La consejera dijo en Almería, según recoge Europa Press, que se trata de «aplicar la Ley de Función Social de la Vivienda para que las VPO radicadas en la comunidad estén a disposición de los andaluces que las necesiten».

El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances.

La Consejería ha notificado a la Sareb el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.

La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes. La Consejería de Fomento y Vivienda indica que ha tenido conocimiento de la existencia de estas 911 viviendas protegidas titularidad de la Sareb que supuestamente incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión.

Fomento recuerda que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda «no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social». Puntualiza que «los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes».

Como se sabe, el Gobierno de España recurrió ante el TC el 18 de diciembre de 2013 varios preceptos la Ley de Función Social de la Vivienda.

En dicho recurso, así como en el anteriormente presentado el 9 de julio de 2013 contra el Decreto precedente, la Presidencia del Gobierno adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb, titulado 'Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía', que señala que «en torno a un 12 por ciento de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz», un total de 6.379 viviendas que desglosa en cuanto a vivienda libre primera residencia, 4.473; vivienda libre segunda residencia, 995; vivienda protegida, 911. Es el documento en el que se basa el expediente abierto por la Consejería.