La Fiscalía no ve indicios para prohibir el acto en el que participarán expresos de ETA

Será en un local privado, no habrá difusión pública, la persona que ha alquilado el local es un particular y no consta que en la convocatoria se declare abiertamente a que el acto de Durango vaya a ser un homenaje a los presos de ETA. Con estas premisas la Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia indicios de delito de enaltecimiento del terrorismo en la reunión convocada para hoy por el colectivo de presos de la banda, EPPK, y en el que, según los convocantes, participarán un abultado número de los 63 exreclusos de la banda que han sido excarcelados en las últimas semanas tras la decisión de la corte de Estrasburgo de derogar la doctrina Parot.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, por tanto considera «penalmente neutro» el acto tras estudiar los informes solicitados por el juez Santiago Pedraz a la Ertzaintza y, ayer mismo, a la Guardia Civil y la Policía. El magistrado deberá decidir si prohíbe o no este evento antes de las 12.30 de hoy, cuando los participantes están convocados en el Kafe Antzokia.

Alonso, no obstante, pidió a Pedraz que inste a las fuerzas de seguridad del Estado y a la policía autonómica vasca a que estén vigilantes ante cualquier acción que pueda ser constitutiva de un delito estricto de enaltecimiento del terrorismo o en su variante de «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas», castigado en el Código Penal con entre uno y dos años de cárcel.

Según las diversas fuentes consultadas, es bastante improbable que, con los escasos datos recopilados y la oposición de la Fiscalía, Pedraz decida suspender el acto. Estas mismas fuentes explicaron que para limitar un derecho fundamental, como es el de reunión, hace falta un «cuerpo indiciario muy potente» de que, a priori, en ese evento se va a cometer un delito. Recordaron asimismo que tampoco se puede coartar de «manera preventiva» la libertad de expresión de los excarcelados de la doctrina Parot, que no están sometidos a ninguna restricción al haber extinguido su pena.

El magistrado resolverá si acepta o archiva la denuncia del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), a la que se unió la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Según DyJ, el acto de Durango en realidad enmascara un «homenaje» para mostrar el «apoyo y solidaridad» a los excarcelados y con los 515 presos de ETA que aún siguen en cárceles de España y Francia.

Valoración

Pero la versión de los organizadores es otra. Los excarcelados de la doctrina Parot se limitarán a hacer una valoración del comunicado en el que el EPPK anunciaba que estaba dispuesto a aceptar las reglas penitenciarias y en el que, por primera vez, reconocía el «sufrimiento y daño multilateral» causado.

Antes de conocer la decisión de Pedraz y los informes de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad, el ministro del Interior descalificó con dureza el acto de Durango, al que calificó de «aquelarre repugnante y deleznable». Jorge Fernández Díaz, quien no obstante recordó que el juez tiene la «última palabra», afirmó que los presos que intervendrán en Durango aunque están «libres» en ningún momento se han arrepentido de su «crímenes horribles», no han pedido perdón a las víctimas, no se han «desvinculado» de ETA ni han pedido a la organización terrorista que se disuelva.