Guerra en el textil asiático

Basta un vistazo a la fábrica que Antex tiene en Hangzhou, en la costa este de China, para certificar que no tiene nada que ver con las imágenes que conjura el sector de las manufacturas en el gigante asiático: las instalaciones están impolutas, los trabajadores lucen uniformes adecuados y disfrutan de la última tecnología para confeccionar la lencería que producen, los dormitorios en los que residen son cómodos y están bien equipados y la empresa incluso ofrece clases de hip-hop para que se relajen una vez que han acabado su jornada laboral, de 8 horas. Y su salario, reconocen los empleados, es muy superior al mínimo interprofesional: 240 euros por cabeza.

«La época de la mano de obra barata ha acabado en China», sentencia, rotundo, el presidente de la compañía, Qian Anhua, que provee prendas a importantes marcas internacionales. «Nuestra única salida es aumentar la productividad. Y para ello hacen falta grandes inversiones en tecnología y en personal». El Gran Dragón está dando un nuevo 'Gran Salto Adelante', y busca que sea su propio mercado interno, y no las exportaciones, el motor que continúe tirando del sólido crecimiento económico.

Pero eso desincentiva la fabricación en el país de productos de poco valor añadido, como son los textiles y el calzado más básico. Y los fabricantes, tanto extranjeros como locales -incluida la propia Antex-, buscan bases alternativas en las que los costos sean acordes con el desmorone de los mercados tradicionales. Así, países como India, Bangladesh, Vietnam o Camboya, donde los sueldos son míseros y la normativa local brilla por su ausencia, se ven beneficiados por una nueva ola de deslocalización que les supone un torrente de bienvenido capital. Pero no es oro todo lo que reluce.

En los alrededores de la caótica capital de Bangladesh se encuentran cientos de fábricas de las que sale parte de la mercancía que ha convertido al depauperado país en la segunda potencia textil del mundo. Este sector da trabajo a casi cuatro millones de personas en unas 4.500 implantaciones productivas que aportan el 80% de las exportaciones de la antigua Pakistán Oriental -unos 20.000 millones de euros-. Pero las condiciones laborales son lamentables. La semana laboral de 54 horas se paga con el salario mínimo más bajo del planeta -3.000 takas, 29 euros-, y las instalaciones son inadecuadas, por utilizar un término suave para describirlas.

Lo saben bien los supervivientes de la tragedia del Rana Plaza, el edificio que albergaba cinco fábricas textiles y que se derrumbó el pasado 24 de abril dejando más de 1.100 muertos. La magnitud del suceso puso el foco informativo en la maraña de subcontratas que caracteriza a la industria globalizada, y las protestas siguientes obligaron a grandes de la talla de Inditex, Mango o H&M a firmar un protocolo de seguridad, propuesto por la unión de sindicatos IndustriALL y promovido por la Campaña Ropa Limpia, que habían rechazado en otras ocasiones. Por si fuese poco, el Gobierno anunció aumentos en los salarios y auditorías más frecuentes. Sin embargo, será difícil cambiar rápido la situación en la que trabaja gente como Amira, empleada en una importante fábrica de la Zona de Procesamiento de Exportaciones -exenta de numerosos impuestos y agraciada con subvenciones de todo tipo-, que habla bajo la condición de no revelar su identidad.

«El problema está en que no se cumple la regulación, que hay material inflamable por todas partes y no tenemos extintores, que no se respetan las bajas por maternidad ni se pagan las horas extra, y a quienes se les debería subir el sueldo por antigüedad se les sigue pagando el salario mínimo. Y, además, los inspectores están pagados para que hagan la vista gorda».

Pero los trabajadores, en Bangladesh primero y en Camboya después -allí se derrumbó una planta de fabricación de calzado y dejó dos muertos-, son conscientes de dos cosas: «Que el mundo está mirando y que las empresas, ante el aumento de los costes laborales en China, tienen pocas opciones de marcharse a otro sitio», enumera Amirul Haque Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Textil de Bangladesh.

Por todo ello, y aunque es consciente de que supondrá un gasto extra para las multinacionales, la coordinadora de la Campaña Ropa Limpia en España, Eva Kreisler, se muestra optimista. «Esperamos que esto marque un punto de inflexión en las condiciones laborales».