El Gobierno renuncia al objetivo de eliminar el 30% de los concejales

El Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca a la reforma de la administración local. Sin el acuerdo de los ayuntamientos, representados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y la oposición del PSOE, el Ejecutivo no se ha atrevido aún a aprobar siquiera el anteproyecto de la que estaba destinada a ser una de las propuestas estrella de la legislatura. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sí adelantó en el Consejo de Ministros, en todo caso, que renuncia al objetivo de reducir en un 30% el número de concejales. A cambio, dijo, el 82% de los concejales no cobrarán.

Suena novedoso, pero si en algo ha insistido durante estos meses el presidente del organismo que agrupa a los entes locales, el alcalde de Santander, el popular Iñigo de la Serna, es en que en España el 80% de los ediles ya realizan su trabajo sin percibir un sueldo a cambio. Aún así, con la redistribución de competencias, la limitación de los salarios de los alcaldes, la supresión de empresas locales, de mancomunidades y entidades «menores», y la fijación de un coste estándar de los servicios púbilcos, el Ejecutivo asegura que es posible lograr un ahorro de 7.129 millonesentre 2013 y 2015.

En este año, según reconocen fuentes del ministerio, el ahorro será en todo caso nulo. Las previsiones más optimistas apuntan a que la reforma no estará en marcha antes de septiembre. Y eso será si la batalla política, también dentro del PP, lo permite. De momento, Hacienda ya ha rectificado algunos de sus planteamientos iniciales. Así, se mantiene en que es necesario limitar el salario de los gobernantes locales, pero Montoro aclaró que cuando se dice que no podrán cobrar más que un secretario de Estado no se refiere a un salario anual de unos 70.000 euros, que es el señalado en los Presupuestos, sino a unos 100.000 euros, que es lo que cobran con los complementos de productividad incluidos.

Menos entes

A esa cantidad, superior al sueldo del presidente del Gobierno, solo podrán llegar, aún así, los alcaldes de municipios de más de 500.000 habitantes, es decir, los de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia. Pero en la práctica eso no supone limitación sino más margen de maniobra para la inmensa mayoría. El único alcalde de gran ciudad que cobra más de lo fijado es el de Barcelona, Xavier Trías, que percibe 110.000 euros al año. Los demás se mueven entre los 87.000 euros de la valenciana Rita Barberá y los 96.400 euros del bilbaíno Iñaki Azkuna.

Otra de las novedades, respecto a los planes ya adelantados por el Ejecutivo hace ocho meses, estará en la prohibición de crear empresas municipales, a la que se une la decisión de cerrar las existentes. Además, todas aquellas mancomunidades y ayuntamientos pequeños que no sean capaces de presentar una rendición de cuentas desaparecerán en el plazo de tres meses. Montoro, afirmó que eso implicará un ahorro de 73 millones, pero eludió ofrecer una cifra concreta del número de entidades afectadas. Sí admitió, no obstante, que la mayor parte de las mancomunidades se extinguirán.