El contribuyente pagará a los creadores el canon por la copia privada

El desaparecido canon digital lo pagaban los compradores de aparatos y soportes digitales. Su sucesor, la denominada Compensación Equitativa Por Copia Privada, se cargará al bolsillo de todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales. Así lo dispone el Real Decreto que el Gobierno aprobó ayer a propuesta de José Ignacio Wert, titular de Educación, Cultura y Deporte. Regula el sistema que compensará con cargo al erario público a los creadores a través de las entidades de gestión de derechos de autor por el perjuicio de las copias privadas.

Una fórmula que rechazan frontalmente estas entidades. Denuncian que el magro importe compensatorio previsto para este año será de 5 millones de euros. Aunque se revisará a principios del próximo ejercicio, queda muy lejos de los 115 millones distribuidos entre los creadores en 2011. Califican así de «ridículo» el monto de la partida presupuestaria que compensará a artistas y creadores. Recuerdan que cuando el canon digital tenía carácter privado percibieron hasta veinte veces más para compensar el daño causado por las copias privadas.

El llamado canon digital se suprimió el pasado 31 de diciembre, con la primera batería de recortes y reformas afrontadas por el Ejecutivo del PP y para adecuarse la legislación europea. Se introdujo entonces la moratoria hasta la publicación del Real Decreto aprobado ayer. «No se establece ningún tipo de impuesto a los usuarios», dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que confirmó que «la cuantía será abonada a ejercicio vencido y se fijará cada año en los Presupuestos Generales del Estado», por tanto con cargo al contribuyente.

«Permitirá cumplir con la obligación que impone la normativa comunitaria de abonar la compensación por copia privada a los titulares de la propiedad intelectual», agregó la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros que aprobó la regulación de un derecho reconocido en la Ley de Propiedad Intelectual. El decreto regula y fija quiénes son los beneficiarios de la compensación por copia privada y con cuánto han de ser compensados «en virtud de una serie de criterios objetivos». También «cómo se va a determinar la cuantía de la compensación y en qué porcentajes» y «la asignación que corresponderá a las entidades de gestión».

El reglamento establece que en la modalidad de fonogramas y soportes sonoros, el 50% irá a los autores, un 25% a los artistas intérpretes o ejecutantes, y otro 25% a productores. Para los soportes visuales o audiovisuales, un tercio irá a los autores, otro a los artistas intérpretes y el tercero a los productores. En el caso de los libros, el 55% de la compensación será para los autores, y el 45% para los editores.

Las entidades de gestión «deberán dedicar un 40 por ciento del importe de la compensación equitativa por copia privada a la promoción de actividades de carácter asistencial y a la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes».

Los gestores de derechos saben que la cantidad que se abonará a principios de 2013 estará en torno a los cinco millones de euros, cantidad contemplada para esta partida en los presupuestos aprobados en septiembre. Una cifra que establece la Secretaría de Estado de Cultura en base a estadísticas propias. Se fija estimado el número de copias realizadas y el impacto de la copia privada sobre la venta de los originales, teniendo en cuenta el grado de sustitución de estas.

Los creadores recibieron 115 millones en 2011 en concepto del canon digital que sería tumbado por la autoridades europeas a raíz de las denuncias presentadas por Padawan, pequeña tienda de material informático de Barcelona que generó sendas sentencias favorables para el comercio y contra el «injusto» canon. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Audiencia Nacional destacaron que los dispositivos y soportes digitales no siempre se usan para copias privadas.

Antes de la aprobación del nuevo sistema las entidades de gestión lo rechazaron en un manifiesto consensuado. Aseguran que los «verdaderos beneficiarios» son las grandes multinacionales tecnológicas. Estiman que es la industria la que debe afrontar la compensación por copia privada y rechazan de plano el nuevo modelo implementado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entidades de gestión de derechos como Agedi, AIE, Aisge, DAMA, Egeda, SGAE y Vegap rubricaron el manifiesto al cumplírse 25 años de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada el 11 de noviembre de 1987. Rechazan un nuevo modelo compensatorio que «únicamente ha conseguido efectos contrarios a los que supuestamente perseguía: condona 115 millones de euros anuales a las multinacionales del sector tecnológico, principalmente extranjeras, pero no reduce el déficit publico».