Las tasas judiciales, siguiente obstáculo para pleitear contra la Administración

Antonio Meño era un joven madrileño que permaneció en coma durante 23 años por culpa de una negligencia médica. Su caso se hizo famoso porque junto a sus padres permaneció acampado 522 días frente al Ministerio de Justicia. Habían pleiteado contra el equipo médico que operó a Antonio en una operación de estética que acabó con el paciente en estado vegetativo. Llegaron hasta el Supremo, que desestimó la demanda y les condenaba a pagar las costas: unos 400.000 euros a los que no podían hacer frente. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado con la aparición de un testimonio primordial.

Un cirujano que presenció la intervención y que desconocía la lucha emprendida por la familia, se ofreció a declarar. Vio como durante la operación, el anestesista se ausentó; lo que fue determinante para el resultado fallido. El Supremo revocó su último dictamen y reconoció al afectado una indemnización de más de un millón de euros en abril del año pasado. Antonio moriría el pasado mes de noviembre.

Este largo procedimiento judicial hubiera sido aún más tortuoso o simplemente inalcanzable para la familia con la nueva ley de tasas judiciales que acaba de aprobar el Gobierno. Con la norma en la mano, para iniciar el pleito, los afectados debían haber abonado 5.187 euros. Al recurrir en segunda instancia, tendrían que haber afrontado un coste de 5.987 euros y para elevar la demanda al Supremo, al dinero invertido hasta ese momento habría que sumarle otros 6.387 euros. En total, 17.561 euros solo por pleitear y sin garantías de éxito alguno.

La aplicación de las tasas se hace en función de una fórmula base: una tasa fija más un porcentaje variable en función de la cantidad reclamada o del valor del bien, que en el caso de graves secuelas o fallecimiento del paciente son elevados. Jueces, abogados, fiscales o procuradores ya han alertado de que las nuevas tasas judiciales van a obstaculizar el acceso a la Justicia de muchos ciudadanos y frenarán demandas como las que se plantean por negligencias médicas, que se resuelven por la vía contenciosa o la civil. Ninguna de las cuales están exentas del abono de tasas.