La Justicia revisará el 'decretazo' de Mursi

El presidente Mohamed Mursi intentó apagar ayer con los jueces el fuego que él mismo ha prendido en Egipto con el polémico decreto que le otorga poderes que van más allá del control de la Justicia y que ha tenido consecuencias violentas en las calles del país. Pero mientras aumenta la presión para que Mursi dé marcha atrás, la Justicia demostró ayer que no ha cerrado otras puertas, y estudiará el próximo 4 de diciembre la legalidad del decreto presidencial.

Mursi se reunió con el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo Supremo de Justicia (CSJ), para intentar alcanzar un acuerdo que relaje las tensiones con los magistrados, que sienten que su independencia ha sido agredida. El Ejecutivo trata de quitar hierro a la crisis, pero insiste en que el presidente estaba en su derecho a la hora de emitir el decreto, lo que hace pensar que Mursi no piensa echarse atrás. El ministro de Justicia dijo que todo se debe a un «malentendido» y que el presidente, aseguró Ahmed Mekki, no ha sido claro a la hora de explicar sus intenciones. Mursi ha reiterado que el decreto es solo temporal y que busca acabar con el estancamiento en el que se encuentra la transición egipcia, constantemente atacada, aseguran desde su entorno, por un sistema judicial en manos de hombres del antiguo régimen.

Mekki estaba ayer seguro de que se alcanzaría un acuerdo con el Consejo de los jueces. A pesar de que el órgano ha criticado la declaración, también ha insinuado, no obstante, que se podría alcanzar un acuerdo si se acotan los nuevos poderes del presidente a «asuntos soberanos». En cualquier caso, el portavoz de la presidencia egipcia, Yaser Ali, aseguró a la salida de la reunión que «no va a haber remodelaciones» de la declaración que blinda las decisiones de Mursi ante la Justicia. Pero aunque este órgano llegara a aceptar negociar con el presidente, el problema está lejos de solucionarse, incluso dentro de la Justicia.

Hasta doce denuncias se han presentado contra el decreto presidencial, que será revisado el 4 de diciembre por el Tribunal Administrativo de Egipto.