El mismo collarín para todos

El Gobierno dio ayer un paso para igualar los servicios mínimos que ofrecen todas las comunidades autónomas en materia sanitaria. Ahora es el turno de las ortoprótesis que el Ministerio de Sanidad se ha empeñado en equiparar en todas las regiones. El objetivo es ahorrar unos 53 millones gracias a la cantidad que pagarán los ciudadanos. Este porcentaje será igual vivan en la comunidad que vivan. Será el mismo caso que se produjo hace unos meses con los medicamentos. Solo se salvan de este gravamen aquellos implantes que sean quirúrgicos.

El proyecto de real decreto se encuadra dentro de la cartera de servicios suplementaria que el Ejecutivo quiere fijar junto a las comunidades. Estos productos, que incluyen tanto aquellas que sustituyen una parte del cuerpo humano -manos o pies- y aquellas destinadas a facilitar la recuperación -collarines, muletas- o el desplazamiento de los pacientes -sillas de ruedas-.

El Ministerio recalcó que los productos ortoprotésicos de dispensación ambulatoria ya estaban sometidos a aportaciones de los usuarios en muchas de las comunidades al tener estas todas las competencias en la materia. Sin embargo, los precios, el acceso y los productos varían. Por estos motivos, el departamento de Ana Mato se ha propuesto crear un catálogo común para todas las regiones, Ingesa y las mutualidades de funcionarios. Este documento también determinará el conjunto de los productos susceptibles de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Gobierno asegura que solo se pagarán aquellos accesorios que las empresas oferten al SNS de acuerdo a los criterios establecidos.

En cuanto al establecimiento de la aportación de los usuarios, el Ministerio de Sanidad tomará como ejemplo los criterios actuales que están fijados para el copago farmacéutico, aunque todavía el departamento de Ana Mato no ha establecido los límites económico. Si subrayó que los parados de larga duración que ya no tengan ninguna ayuda, los perceptores de las rentas de integración social y de las pensiones no contributivas, personas con discapacidad beneficiarias del sistema de prestaciones previsto en la ley de integración social de las personas con discapacidad o afectados por el síndrome tóxico.

El ministerio determinará asimismo los tres tipos de aportadores. Si se siguen los ejemplos del copago de los fármacos, se establecerán un doble baremo para los pensionistas -aquellos que ganen más de 18.000 euros y los que tengan una pensión menor- y el resto de la población activa hasta aquellos que ganan 100.000 euros al año. Sanidad también destaca que tendrán una aportación reducida de un 10% del precio de oferta los productos destinados a las patologías más graves y más costosos.

Primer paso

Con esta decisión del Ejecutivo central, se da un primer paso para la coordinación básica d todos los servicios, en este caso de la cartera suplementaria. Además de las ortoprótesis, forman parte de ese paquete los dietoterápicos, los medicamentos y el transporte sanitario urgente. Este último punto es uno de los puntos más complejos que han tratado los consejeros de Sanidad y la ministra, ya que es complicado delimitar cuándo es urgente o no. Sindicatos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes ya han mostrado en varias ocasiones su negativa a que se toque este servicio.

Sanidad destacó que el ámbito farmacéutico es el primero donde se ha conseguido aplicar «criterios de equidad» en la aportación de los usuarios y que ha supuesto, según el Ejecutivo, un ahorro de 636 millones durante los tres primeros meses de aplicación. Esto se ha debido a un consumo más racional de los medicamentos por parte de los ciudadanos, a una menor dispensa de recetas de los profesionales sanitarios y a la retirada del vademécum cerca de 400 medicamentos.

En esta búsqueda de la igualdad el ahorro, el departamento que dirige Ana Mato tiene previsto hacer público una orden ministerial para establecer un factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos, lo cual permitirá al SNS saber cuánto dinero se puede ahorrar con estos servicios. Después de estas reformas, solo quedará el cambio en la cartera básica de servicios. Tratamientos de fertilidad, cribados, rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable, genética e implantes oftalmológicos son las áreas que varias comisiones formadas por expertos nombrados tanto por los gobiernos regionales y el central están estudiando modificar.