Las viviendas malditas

La semana pasada, un hombre normal, con una formación normal y una vida normal, como cualquiera de nosotros, se quitó la vida en el barrio granadino de La Chana, horas antes de recibir la orden de embargo de su vivienda. Él fue uno de los miles de españoles que decidió unir su vida para siempre a una hipoteca, antes de la llegada de la crisis. Seguramente, el día que firmó fue el más feliz de su vida, se vio en su nuevo hogar, y no sabemos, pero seguro que también se veía capaz de hacer frente a los pagos. Lo que seguramente no pensó es que cinco años después decidiría acabar con su vida por aquella decisión.

Según publicaba LA VOZ en su edición de ayer, Cádiz sufre el pico más alto de desahucios desde que acabó la crisis, con casi cinco lanzamientos diarios, lo que viene a traducirse en que casi cinco familias o individuos se ven obligados a vivir en la calle o a depender de otros.

Las causas de estas horribles cifras son variadas. El estallido de la burbuja inmobiliaria, que llevó a cientos, miles de constructoras a la quiebra, la concesión de préstamos a personas cuya insolvencia pendía de un hilo, con trabajos inestables que hacían peligrar los pagos, la ignorancia de unos y la avaricia de otros por conseguir cada vez más dinero... La historia es que con los niveles de paro que asume la provincia, 195.000 personas sin empleo, según los últimos datos, el fin de las prestaciones sociales y las pocas expectativas laborales, muchas familias están abocadas a vivir en la calle.

Para intentar paliar esta situación, las administraciones trabajan para retrasar la llegada de la orden del levantamiento es incluso implantaron el Código de Buenas Prácticas con el objetivo de que las entidades llegasen a acuerdos puntuales con los afectados para rebajar el impacto del desahucio, una medida que hasta el momento ha resultado «un rotundo fracaso». Pero quizá la más demandada por la ciudadanía es la denominada dación en pago, es decir, que la devolución del hogar sirva para sufragar la deuda y, por lo tanto, esas familias que pierden su casa no tengan que seguir pagándola.

Este problema necesita de una solución ya. No podemos mirar hacia otro lado mientras personas como el vecino de La Chana toman la peor decisión posible.