Los abogados cuestionan el cambio de la sanidad a los 'sin papeles'

A los partidos políticos y las organizaciones sociales se les ha sumado un nuevo aliado en contra de las medidas de que el Gobierno ha tomado en sanidad para reducir el déficit sanitario, fijado en unos 15.000 millones y ahorrarse los 7.000 millones que el Ejecutivo consideró fundamental para cuadrar las cuentas. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se mostró muy escéptico con una de las medidas más polémicas tomada por el Ministerio de Sanidad contra la actual situación de los 'sin papeles'. El mayor organismo de los abogados españoles consideró que la atención sanitaria es «un derecho universal e igualitario reconocido por un importante número de tratados internacionales y recogido en la constitución y en diferentes Estatutos de Autonomía».

El Consejo General apuntó que aunque el Ejecutivo tiene la potestad de modificar las leyes a través de reales decretos, este mecanismo no puede modificar estatutos de autonomía por vía urgente. Los abogados aseveraron, a través de un comunicado, que hay varias normas autonómicas, como las de Aragón, Andalucía, Cataluña y País Vasco, que recogen de forma contundente «la universalización del derecho a la salud y por ello, cualquier modificación de su contenido debería debatirse y aprobarse en el Parlamento».

El CGAE, insistió en que la universalización de la atención sanitaria se recoge claramente en la Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño y la niña, entre otros.

Los abogados españoles también se mostraron muy extrañados con estos vaivenes en la legislación española. Recordaron que solo hace unos meses entró en vigor la Ley General de Salud Pública, «aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios», y que regularizó esta situación que ahora se cambie «con ligereza». El Gobierno aprobó que solo se atenderá a las mujeres embarazadas antes, en el parto y después del mismo; a los menores extranjeros que residan en España y a los inmigrantes ilegales que acudan por los servicios de urgencias. Ya no podrán acogerse a otras especialidades con cita previa. Sin embargo, CGAE apuntó que la ley es clara y que «el Estado debe garantizar la atención sanitaria de acuerdo a los recursos existentes, pero bajo ningún concepto puede negar ese derecho ni discriminar en su tratamiento a las personas que se encuentren en territorio español, incluso de forma irregular, ya que el derecho a la salud no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal».

Por otra parte, dirigentes populares continuaron arropando las decisiones del Gobierno de Rajoy. Uno de los últimos en expresarse fue el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que defendió una sanidad para todos, «pero primero los de casa». Por su parte, el portavoz en Sanidad del PP, Manuel Cervera, apuntó que estas drásticas medidas se deben a que «el Gobierno socialista dejó abandonadas a las comunidades autónomas sin dar las herramientas ni las reformas necesarias para poder hacer una gestión más eficiente ni unos ingresos adecuados a esa gestión», subrayó.