El Gobierno aún confía en Bruselas para evitar un 'tijeretazo' de 40.000 millones

Al Gobierno se le agota el plazo para desvelar cómo piensa resolver la encrucijada que se le presenta a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que, según confirmó Mariano Rajoy el pasado jueves en Roma, se conocerán el 31 de marzo y no antes como le había pedido la Comisión Europea.

Y es que España, si quiere cumplir con el objetivo de reducir el déficit del Estado al 4,4% a finales de este año, deberá acometer un recorte que rondaría los 40.000 millones de euros, que se sumaría al que ya efectuó el actual Ejecutivo el pasado 30 de diciembre con un acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones y otras controvertidas medidas como la subida del IRPF y del IBI.

El Gobierno aún confía en poder reducir el histórico tijeretazo sin poner en peligro esa imagen de país «serio y cumplidor» en la que tanto énfasis pone Rajoy tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La solución pasaría por lograr que Bruselas flexibilizara el plazo para enjugar los números rojos de las administraciones españolas.

El Ejecutivo intenta ganar tiempo antes de descifrar el calibre del ajuste del gasto, tal y como quedó claro este viernes tras el Consejo de Ministros.

Soraya Sáenz de Santamaría eludió responder hasta cuatro preguntas sobre si el Ejecutivo elabora unos presupuestos con la meta del 4,4% o cuenta ya con el compromiso de la Comisión de endulzar este porcentaje, aunque sea «ligeramente», tal y como insinuaron esta misma semana las autoridades económicas comunitarias.

Las alarmas saltaron el jueves por la tarde, tras advertir el Banco Central Europeo de que relajar los objetivos de déficit podría disparar la prima de riesgo, con lo que España tendría serios problemas para encontrar financiación.

La vicepresidenta evitó pisar terreno resbaladizo y apeló a la prudencia, máxime en una semana donde se ha puesto de manifiesto que cualquier chispa puede prender una protesta social. Y tal como defendió Rajoy esta semana tras sus entrevistas con los primeros ministros del Reino Unido e Italia, David Cameron y Mario Monti, respectivamente, España no puede permitirse dar la imagen de conflicto social.

En el Ejecutivo son conscientes de que la «responsabilidad y el sentido común» de los españoles también tiene su límite, aunque Rajoy por ahora pondere más el respaldo mayoritario que tuvo en las urnas el pasado 20 noviembre que cualquier otra revuelta.

No obstante, tras el primer 'tijeretazo', que se debió a la «inesperada» desviación de dos puntos en el objetivo de déficit para 2011, y la constatación de que las reformas estructurales aprobadas, sobre todo la laboral, no darán resultados a corto plazo, quieren medir a conciencia cualquier nuevo sacrificio.

Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno analizará «muy bien cada partida de gasto para ser respetuoso con la consolidación fiscal y para garantizar los servicios públicos fundamentales».

Lo que ningún miembro del equipo de Rajoy ha explicado aún es cómo piensa ahorrar una cifra tan astronómica como esos 40.000 millones de euros sin tocar el estado del bienestar.

Interés electoral

La vicepresidenta sí se empleó a fondo a la hora de rebatir la tesis de la oposición, sobre todo del PSOE, sobre que la demora en la presentación de las nuevas cuentas públicas obedecen a intereses electorales, sobre todo porque «los planes del PP» podrían causar problemas a Javier Arenas en Andalucía y a Mercedes Fernández 'Cherines' en Asturias. La número dos del Ejecutivo negó la mayor y aseveró que los presupuestos estarán listos en el «tiempo récord» de tres meses y un día.

Reseñó que para encontrar un precedente similar, había que remontarse al anterior adelanto electoral. Fue en 1982 y el entonces presidente Felipe González tardó «seis meses», según Sáenz de Santamaría, con la diferencia de que la situación económica «es mucho más difícil» en la actualidad, lo que complica su confección.

Añadió que si el PSOE tiene la percepción de que Rajoy aguanta los presupuestos por motivos electorales, tal vez sea porque ese fue el motivo por el que José Luis Rodríguez Zapatero ni siquiera aprobara la prórroga de las cuentas del Estado de 2012.