Los consistorios morosos pagarán antes a los acreedores que ofrezcan descuentos

Los acreedores de los ayuntamientos que estén dispuestos a aplicar descuentos en sus facturas pendientes serán los primeros en cobrar. El Gobierno aprobó ayer el decreto ley que sienta las bases del nuevo mecanismo de financiación que diseñará en las próximas semanas para que las administraciones locales puedan afrontar la gigantesca deuda comercial que acumulan. Esa facilidad financiera otorgará prioridad de cobro a los proveedores de obras, servicios y suministros que ofrezcan aplicar una quita al dinero que reclaman.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aspira a zanjar el problema de la morosidad de los ayuntamientos, que amenaza la supervivencia de miles de pymes en las que están en juego cientos de miles de empleos. De ahí que la reforma contemple facilidades para que las que están en peor situación cobren primero.

Uno de los criterios que dará derecho a preferencia será «el descuento ofertado sobre el importe de la obligación pendiente de pago», detalla la referencia del Consejo de Ministros. El otro será «la antigüedad de la factura»; es decir, que el mecanismo de financiación también prevé pagar primero las que llevan más tiempo en el cajón

Un portavoz del Ministerio de Hacienda aseguró que la posibilidad de aplicar una quita en las facturas para cobrar antes va dirigida sobre todo «a grandes empresas». Hacienda entiende que estas compañías, al reclamar importes muy elevados, podrían preferir cobrar -por ejemplo- el 90% de la suma con tal de recibirla lo antes posible. Pero en la práctica es probable que sean las pequeñas y medianas empresas las que se lancen de cabeza a esta competencia a la baja debido a la falta de liquidez y la sequía crediticia que asfixia a la mayoría.

Antes de activar el nuevo mecanismo el Gobierno quiere saber a cuánto asciende la deuda total de los ayuntamientos con los proveedores. Estimaciones publicadas por asociaciones de pequeñas empresas y de autónomos la sitúan entre 30.000 y 50.000 millones de euros, pero Hacienda quiere los datos de primera mano. Sospecha que en esas cantidades está incluida también parte de la deuda de las comunidades autónomas. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría subrayó que la deuda autonómica queda excluida de esta facilidad. Para los ejecutivos regionales habrá una línea ICO cuyos detalles se discutirán en marzo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Listado de deudas

Todos los ayuntamientos tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo, mediante un formulario tipo que deberán enviar por vía telemática, una lista de las facturas pendientes de pago emitidas hasta el 31 de diciembre de 2011 por sus proveedores, ya sean de materiales, de obras o de servicios como luz, agua, recogida de basuras o mantenimiento de edificios municipales.

Hacienda chequeará esas obligaciones de cobro y publicará la relación de lo que cada consistorio adeuda para que los acreedores puedan comprobar si su parte está en la lista. En caso contrario podrán aportar la documentación y reclamar a su ayuntamiento un certificado individual, a lo que la corporación no podrá negarse. El incumplimiento por un funcionario de la obligación de expedición de certificaciones será considerado falta muy grave.

Conocido el montante total de las facturas, cada corporación local tendrá que aprobar y presentar antes del 31 de marzo un plan de ajuste a aplicar en el período de amortización previsto de la deuda. El Ministerio tendrá treinta días -el mes de abril- para realizar una valoración de la situación antes de activar el mecanismo. Las fuentes consultadas avanzaron que en ese mes el Tesoro prevé realizar «una emisión extraordinaria» de deuda pública para captar fondos para financiar los pagos a proveedores.

Banca privada e ICO

La vicepresidenta señaló que los detalles del instrumento se abordarán en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. No obstante, en Hacienda trabajan ya con la vista puesta en un mecanismo mixto, basado en financiación de los principales bancos privados y del ICO. El Estado adoptará el papel de avalista de los ayuntamientos ante las entidades.

Los proveedores o contratistas que vean reconocido su derecho de cobro podrán hacerlo efectivo mediante su presentación en las entidades, que adelantarán las cantidades. El ayuntamiento contraerá así una deuda con el banco, que podrá devolver en condiciones preferentes. Un nuevo real decreto regulará el coste de esas operaciones y los tipos de interés que podrán cobrar las entidades.

La decisión tuvo buena acogida entre las asociaciones de pequeños empresarios y autónomos, aunque algunas se reservaron su valoración definitiva hasta conocer con más precisión los detalles de cómo se efectuarán los pagos. La federación de autónomos ATA cree que la iniciativa será «un balón de oxígeno para cientos de miles de autónomos en situación complicada».