Piden 2.700 euros de multa para un aparejador por un caso de obra nueva

Apenas 2.700 euros. A diez euros diarios durante nueve meses. Es la multa que la Fiscalía tiene previsto solicitar para Alberto M. S, un arquitecto técnico de Chiclana al que se le acusa de estar envuelto en un caso de 'obra nueva', como se conoce la argucia de algunos promotores para escriturar viviendas construidas en suelos no urbanizables y hacerlas pasar por casas regulares. Según la Fiscalía, Alberto M. S. realizó en 2002 un certificado de obra nueva o de nueva construcción para un chalé recién construido en Chiclana, pero indicó que tenía más de cinco años, de manera que la irregularidad se considerara prescrita y se pudiera escriturar. En el año 2007, la Guardia Civil destapó toda una trama de promotores, constructores, ingenieros y aparejadores que utilizaban este 'modus operandi'. Algunos, como el arquitecto Joaquín Pallí Selga, condenado a varios años de prisión por este tipo de engaño, se habían especializado en este tipo de certificado y los firmaban por decenas. Pero Alberto M. S, procesado por un delito de falsedad de documento oficial, solo se le reclamará una multa. La pena que se reclama tampoco incluye la inhabilitación para ejercer la profesión de aparejador.

El juicio está señalado para el próximo miércoles, 25 de enero, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Además de Alberto M. S, se sentará en el banquillo de los acusados Salvador B. R, el promotor que le contrató para que elaborara el certificado supuestamente falso. La Fiscalía pide para él una pena total de siete años y cinco meses de prisión, por delito contra la ordenación del territorio, dos delitos de estafa y otro de desobediencia. También se le achaca el mismo delito que a Alberto, por falsificación de documento oficial, aunque en su caso se pide un año y medio de cárcel por él. El Ministerio Público también le reclama 10.800 euros en concepto de multa.

Demolición de las casas

Según el Ministerio Público Salvador B. R. compró una parcela en el Pago Melilla de Chiclana en 2001, con una extensión de 1.000 metros cuadrados, sin vallar y sobre todo, sin ninguna edificación en ella. Un año después, aunque sabía supuestamente que el suelo era no urbanizable, construyó en la finca dos unifamiliares de 95 metros cuadrados cada uno. El Ayuntamiento chiclanero le llegó a abrir un expediente por no contar con licencia, pero la concluyó y la escrituró en diciembre de 2002 con el certificado supuestamente falso firmado por Alberto M. S. Meses después, en abril de 2003, Salvador vendió los dos chalés a terceros que compraron las casas «de buena fe, en la creencia de que adquirían una edificación fuera de ordenación contra la que no sería posible que la Administración ejerciera la disciplina urbanística y engañados», reconoce la Fiscalía, que tiene previsto (según su escrito de calificación provisional) solicitar al tribunal que se demuelan las dos viviendas y que el promotor devuelva el dinero a los compradores: en total 249.419 euros.