Las agencias amenazan con degradar la deuda

El buen resultado cosechado por el Tesoro en su primera cita anual con los inversores no basta para disipar los nubarrones que se ciernen sobre la economía española para este año, en que el Gobierno tiene pendiente aún aplicar un ajuste de 22.000 millones para compensar la desviación del déficit al 8% en 2011.

La agencia de riesgos Moody's rebajó ayer dos escalones el rating de la Comunidad Valenciana y amenaza con un recorte general de la nota de las regiones si el Gobierno central no refuerza en tres meses el control sobre sus cuentas. Esa advertencia se suma a la reciente de Fitch de que podría rebajar la nota de la deuda española.

Moody's explicó que pone en revisión negativa a doce organismos y entidades autonómicas y provinciales. Asimismo, degrada dos escalones la calificación de la Comunidad Valenciana, hasta Ba3, nivel equiparable a bono basura.

La agencia -que hace unos días urgió a Mariano Rajoy a acometer ya los ajustes pendientes- justificó su decisión por sus dudas sobre la capacidad de las autonomías para recortar el déficit y hacer frente a los vencimientos de deuda, por un importe total de 17.000 millones, que deberán afrontar este año.

El jefe del Ejecutivo cifró hace unos días en el 2,7% del PIB los números rojos acumulados por los gobiernos regionales, un volumen que duplica de largo el objetivo del 1,3% contemplado en los presupuestos. Ante ese balance Moody's cuestiona ahora también que las autonomías -cuyo presupuesto de gasto va destinado en su mayor parte a sufragar servicios básicos como la sanidad y la educación- puedan ahora cumplir el objetivo en 2012. «Es altamente incierto» que lo hagan, destaca la agencia, en un escenario general de recesión como el actual. Según su cálculo, la actividad se contraerá este año entre un 0,5% y un 1%.

Moody's señala que volverá a analizar la situación dentro de tres meses. Para entonces, el Ejecutivo deberá haber presentado ya la ley orgánica que debe fortalecer su control sobre el déficit y «endurecer el control gubernamental sobre los presupuestos regionales».

La agencia examinará, además, los planes de reequilibrio que pongan en marcha las comunidades. En su decisión final también pesarán otras políticas pendientes como la anunciada poda de empresas y de organismos públicos.