Las autonomías del PP ensayan el programa económico de Rajoy

Las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo llevaron al PP a sus mayores cotas de poder territorial. El partido de Mariano Rajoy ha adquirido la responsabilidad de gobernar la mayoría de comunidades -el PSOE solo conserva Andalucía y el País Vasco- y eso implica, en tiempos de crisis y de recortes, demostrar que está preparado y que cuenta con un programa económico capaz de sanear las cuentas de sus territorios. Los anuncios hechos por sus barones anticipan la España que quieren los populares y que podría ser realidad tras las elecciones generales.

Rajoy esbozó el pasado 1 de junio, tras reunirse con líderes regionales del PP, por dónde quiere conducir su política económica. Prometió, en línea con las recomendaciones del Banco de España y la Comisión Europea, que las comunidades autónomas gobernadas por su partido fijarán un techo de gasto, similar al que elabora la administración central como base para los Presupuestos Generales del Estado, e incluso un límite de endeudamiento. La meta es reconducir las maltrechas finanzas regionales y cumplir el mandato del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de que el déficit regional no supere el 1,3% del PIB.

El líder opositor anunció una limitación del número de consejerías a un máximo de diez por comunidad, toda una declaración de intenciones que avanza un futuro recorte en el número de ministerios; restricciones en la cantidad de altos cargos y personal de confianza. Aseguró que cambiará la ley nacional para poder privatizar televisiones autonómicas y que someterá a auditorías las cuentas de cada región. Todas sus comunidades aprobarán un plan de racionalización del gasto que incluirá medidas de austeridad como la reducción de sus parques de vehículos y la creación de centrales de compras para lograr mejores precios en equipamiento y tecnología.

Los anuncios realizados hasta la fecha por sus 'barones' que gobiernan comunidades parecen ajustarse al guión. La número dos del PP y nueva presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, prometió en su investidura un drástico recorte del gasto en su comunidad, la que más se desvió en 2010 del objetivo de déficit y que en el primer trimestre de 2011 registró el mayor desfase entre ingresos y gastos (el 0,97% del PIB regional, es decir, casi el 1% de 36.835,79 millones, según los datos de ejecución presupuestaria autonómica del Ministerio de Economía). Lo que haga Cospedal para arreglarlo es muy significativo, dado su gran peso en la cúpula del PP y su cercanía a Rajoy.

Menos altos cargos

El ajuste en esa comunidad se sustanciará en la eliminación de organismos y altos cargos. Cospedal suprimirá el Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de Competencia y el Consejo Económico y Social, y pedirá al Estado que asuma los servicios que prestaban esas instituciones. Su Ejecutivo tendrá siete consejerías, igual que cuando mandaba el PSOE, pero la nueva presidenta ha prometido a reducir los altos cargos un 60%. Entre sus planes está recortar de 52 a 30 las direcciones generales, de 35 a 5 los delegados de la Junta y eliminar el 50% de los puestos de libre designación. En materia sanitaria, en julio iniciará conversaciones con las comunidades limítrofes con vistas a firmar acuerdos de colaboración.

La Comunidad Valenciana, la más endeudada, también ha dado pasos en el camino marcado por Rajoy. Francisco Camps anunció que en julio publicará el techo de gasto de la Generalitat, que estará vinculado a sus «expectativas de ingresos». También se comprometió a imponer a los altos cargos de su administración (consejeros, secretarios autonómicos y directores generales) un contrato-programa en el que figurarán los objetivos a realizar, por los que estarán obligados a rendir cuentas cada tres meses.

El plan de austeridad de Camps también incluye una rebaja del gasto corriente, recortes de altos cargos y personal de confianza, reducción del gasto energético y de los contratos de suministros, la creación de una central de compras y un adelgazamiento general de la administración. Un decreto del presidente establecerá un máximo de diez consejerías.

Madrid es otra comunidad del PP que se ha sumado al afán por aligerar la administración. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ya ha evidenciado su intención de reducir aún más su gobierno, que en tres años ha pasado de tener quince consejerías a ocho.

Educación

Aguirre ha prometido que esta será la legislatura «de la educación, la educación y la educación». De momento, de cara al próximo curso (2011-2012) ha suprimido las ayudas para libros de texto a los niños de cinco años. Este curso ya acabado quitó las becas a los niños de cuatro años y el anterior a los de tres. El año próximo la cuantía de las ayudas a los alumnos de primaria será menor y las destinadas secundaria no crecen ni un céntimo. El copago sanitario, una intención que le atribuyen sus adversarios, no aparece de momento en su programa.

Ignacio Diego, que tomó posesión el jueves en Cantabria, declaró que «necesariamente habrá que hacer recortes en el tamaño de la administración porque el ámbito de las empresas públicas en Cantabria es desproporcionado».

Queda por ver lo que hará en Extremadura José Antonio Monago, si al final IU se abstiene en la votación y es investido presidente el 7 de julio. De momento ya ha renunciado a una de sus promesas, suprimir el impuesto de sucesiones, y reducirá las consejerías de once a siete. Además, quiere eliminar los delegados provinciales de la Junta y reducir el número de asesores de los más de 40 actuales a siete u ocho.

A finales de julio habrá en Madrid una nueva reunión del CPFF entre el Gobierno central y los nuevos ejecutivos autonómicos. Será una buena ocasión para conocer el estado real de las cuentas autonómicas y el alcance y efectividad de las medidas correctoras.