Cuestionando la Diputación

En la actual situación de crisis económica se están levantando cada vez más voces a favor del adelgazamiento de las estructuras del Estado, al objeto de buscar eficiencia en la gestión administrativa y ahorrar costes. Una de las instituciones más cuestionada es la Diputación, hasta el punto de plantearse su supresión, lo que llevaría aparejada una reforma constitucional. La Diputación fue concebida por las Cortes de Cádiz de 1812 para aplicar el racionalismo liberal en la gestión del País, crear una cierta descentralización administrativa del territorio y acercar el gobierno territorial al ciudadano. La Diputación tuvo mucha importancia en el régimen centralista de la Dictadura. Pero, hoy día, con el desarrollo del sistema autonómico, este organismo ha ido perdiendo peso a favor de las autonomías. Actualmente, existe un gran solapamiento de funciones entre ambas instituciones, lo que favorece el derroche de recursos. Las autonomías uniprovinciales se han evitado ese problema. Así, Madrid, al mismo tiempo que se creaba la Comunidad de Madrid suprimía su Diputación en 1983.

Además, el chocante sistema de elección de los diputados provinciales, indirecto (vía concejales de los ayuntamientos) y por zonas electorales (no proporcional dentro de la circunscripción provincial), hace que los ciudadanos se sientan alejados de estos. ¿Qué pasaría si los diputados provinciales fuesen elegidos por una votación popular directa, de ámbito provincial? Pues que, seguramente, cambiaría bastante la composición de la Diputación, sabríamos de antemano (cosa que ahora no ocurre) el cabeza de lista de cada partido, candidato a Presidente, y se dignificarían tanto a sus miembros como a la institución.

La principal competencia de la Diputación es dar apoyo técnico, económico y jurídico a los municipios pequeños, para que estos presten el máximo de servicios posibles a sus vecinos, en las mismas condiciones que los municipios grandes. Hace poco se han abierto diligencias penales contra los alcaldes de Trebujena, Benaocaz y San José del Valle por no disponer esas poblaciones de sistemas de tratamiento de las aguas residuales y ser incapaces de abordar esas obras con sus propios recursos. La Diputación de Cádiz debería prestar inmediatamente su apoyo a esos Ayuntamientos, con ello ejercería su primordial atribución, la que aún le da razón de existir. Esperemos que también resuelvan pronto el destino del Valcárcel.