La jueza exige la custodia de las actas de la Junta hasta que el Supremo se pronuncie

El pulso entre la jueza que investiga las prejubilaciones falsas y el Gobierno andaluz tuvo ayer un nuevo capítulo. La magistrada Mercedes Alaya ha dado un ultimátum a la Junta en un nuevo auto para que le entregue antes del viernes y en sobres lacrados todas las acta de los consejos de Gobierno desde 2001 (480) para custodiarlas en las dependencias judiciales hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre si es competente o no para levantar su secreto. Por primera vez la Junta se ha mostrado dispuesta a enviárselas si se mantienen selladas hasta que el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales decida, pero también por primera vez se ha quejado del trato que recibe por parte de la magistrada. «No voy a polemizar con la jueza, pero un juicio crítico sí que lo tengo», dijo ayer la portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno.

La queja de la Junta se produce después de tres autos de la magistrada donde esta cuestiona la labor de colaboración con la Justicia de la que hace gala el equipo de Griñán. El Gobierno andaluz se acoge al carácter de reserva de las deliberaciones políticas incluidas en las actas para no enviarle estas y en su lugar ofrece remitirle acuerdos concretos sobre el caso. En el nuevo auto fechado el pasado lunes, la magistrada advierte de que acusará al Ejecutivo de desobediencia si no le presenta las actas de sus reuniones y le concede 72 horas para que las haga llegar «para su custodia» en sobres precintados, dejando a las claras su desconfianza de que la Junta pueda manipularlas.

Medida cautelar

Alaya informa en su auto de que suspende el examen de las actas hasta que el Supremo resuelva el conflicto de competencias planteado por la Junta, pero adopta de forma provisional la decisión de que se depositen en el Juzgado «para evitar que se eluda la acción de la Justicia, se produzca un grave perjuicio al interés público y se originen daños graves e irreparables». También señala que tal medida cautelar «se adopta con el fin de salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para evitar, también en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción».

Para la portavoz del PP andaluz. Rosario Soto, el ultimátum de la magistrada evidencia que el Gobierno autonómico está «obstruyendo a la Justicia». Al Gobierno andaluz, sin embargo, le resulta incomprensible la actitud de la magistrada. «Menos mal que hemos sido nosotros los que hemos denunciado, porque desde luego hay algunas consideraciones que me merecen un juicio crítico que evidentemente me voy a reservar», manifestó Mar Moreno tras el Consejo de Gobierno. Moreno recordó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, «lleva seis meses bloqueando documentos al juez que investiga el caso Gürtel, pese a que estos documentos no tienen carácter reservado y no son indiscriminados».

Sin embargo, a tenor del nuevo auto, Mar Moreno dijo ayer que a falta de un análisis más riguroso del mismo por parte de los servicios jurídicos, «toda la colaboración que sea compatible con el fuero, con la Ley del Gobierno, nosotros no tenemos ningún inconveniente de aportarlo a los juzgados». Es decir, la Junta podría remitirle las actas selladas porque según la magistrada se mantiene la confidencialidad de las mismas. La decisión la deberá de tomar antes del viernes.

En su auto, la jueza dice que no tendrán que aportarse los documentos presentados al Consejo de Gobierno «que tengan carácter reservado» y añade que si hubiere actas «en las que hipotéticamente se contuvieran deliberaciones, opiniones o votos, se suprimirán tales apartados, manteniendo en tales actas las conjugaciones de los verbos -deliberar, opinar o votar-utilizados en los apartados que, por su carácter secreto, hayan de suprimirse».

Pero además Moreno señaló ayer que la Junta enviará de 'motus propio' la documentación certificada de los acuerdos referidos al caso sobre las acotaciones que hizo la jueza en el auto de la pasada semana.

Querella del PP

La jueza ha admitido parcialmente la querella presentada por el PP contra 26 responsables políticos del PSOE, intermediarios y posibles beneficiarios de las ayudas por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación y falsedades en documentos públicos y mercantiles. Entre los querellados está el ex consejero Antonio Fernádnez. La magistrada rechaza medidas cautelares sobre los bienes de los imputados.