EMPLEO, ANTE LA JUSTICIA

El escándalo del «fondo de reptiles», casi 700 millones de euros de los que Empleo supuestamente disponía a su antojo para pagar prejubilaciones a empresas en crisis, sin control de la Intervención, ha puesto en la picota a la Junta y al PSOE. La línea de defensa, el argumentario de comunicación, ha consistido en proclamar que fueron los primeros en denunciarlo, añadir nuevos expedientes a la investigación judicial y hacer lo imposible para que el caso quede en una corrupción aislada de unos «intermediarios», de los aledaños del poder, pero no del poder mismo. Sin embargo, los disparos van en todos los sentidos. Mientras el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, se desmarca de sus antecesores, Viera y el jerezano Antonio Fernández, y dice que «no temo ni dejo de temer» que éstos se vean salpicados por el asunto, Luis Pizarro, titular de Gobernación y «hombre fuerte» del partido hasta la marcha de Chaves, sale en defensa de los señalados y dice que «cuatro sinvergüenzas no manchan la gestión brillante» de los ex. Las exigencias de llegar hasta el fondo han sido unánimes y de ellas la más gráfica resulta la de Valderas: Que rueden cabezas. También ha pedido máxima transparencia el ministro de Trabajo en el Congreso. Nadie quiere «comerse el marrón», ni siquiera los responsables en la época investigada, como el propio Javier Guerrero que destapó el caso, que había sido cesado de su cargo por Recio, como Griñán cesó a Fernández. Cunde el nerviosismo y muchos temen tener que pasar por la jueza Alaya. Si es así, dicen, irán a una explicación «radical» de sus actuaciones.

De momento, sería adecuado revisar los procedimientos, que no parecen demasiado rigurosos. El legislador optó por dejar los expedientes de regulación de empleo (ERE) en manos de la Administración, no de los jueces, de modo que abrió la puerta a que en su concesión entraran razones de oportunidad política, o sea arbitrariedad, discrecionalidad, amiguismo o lo que se quiera. Además, de por sí el control es inexistente, ya que sólo salen adelante previo acuerdo entre empresas y sindicatos. Si no, son inviables, porque lo contencioso puede tardar dos años en resolver. La Inspección de Trabajo emite informe no vinculante y no entra en el fondo, sino que se limita a preguntar si existe dolo, coacción, abuso o error. En caso de pacto previo, nadie lo va a denunciar. Así, no es de extrañar que hace 20 años, un informe de la cámara de comercio de Japón desaconsejara invertir en nuestra zona entre otras razones por la inseguridad de la Administración, que resuelve «no por razones de legalidad, sino de oportunidad». Esta queja contra la Junta la he oído en boca de más de una gran empresa, reacia también a entrar en negocios aquí.

Hay que esperar a la investigación judicial, pero todo apunta a que estamos ante un gravísimo caso de corrupción que se extiende por toda Andalucía. Una región con un paro endémico que se ha permitido dilapidar recursos de manera mafiosa, prejubilar alegremente con cargo a la caja común, sin crear tejido laboral, a pesar de tres décadas de políticas socialistas. Sí, que rueden cabezas.