LA HORA DE LA VERDAD

El Gobierno, bajo la atenta mirada del PP y de las víctimas del terrorismo, se acerca al momento de la verdad. Alfredo Pérez Rubalcaba no deja de repetir que Batasuna o cualquiera de sus trasuntos políticos se quedarán fuera de las elecciones salvo que ETA deje de matar para siempre, una renuncia que no se desprende ni de sus comunicados ni de sus actos; o que su brazo político reniegue de la banda y condene con claridad sus asesinatos. Es el ultimátum para la izquierda 'abertzale', que se condensa en la disyuntiva «o bombas o votos».

Sin embargo, los populares y las víctimas, que con alguna excepción han cerrado filas con el Ejecutivo para lograr el final de la violencia sin negociación ni concesiones políticas, también han dejado claro que el poso de desconfianza, fraguado durante el fracasado proceso de paz de 2006, solo se desvanecerá con la exclusión electoral y la salida del entorno político de la banda de los ayuntamientos vascos y navarros. La ausencia de Batasuna o sus herederos en las urnas el 22 de mayo se presenta así como la prueba de fuego para que José Luis Rodríguez Zapatero mantenga y refuerce la unidad antiterrorista, justo en el momento en que ETA parece comenzar a recorrer su tramo final.

Mañana, Rufi Etxebarria, la principal cara visible que Batasuna tiene fuera de la cárcel, presentará en un acto público ante 300 personas reunidas en el palacio Euskalduna de Bilbao las nuevas siglas políticas y los estatutos de la formación que la izquierda 'abertzale', tras meses de anuncios y postergaciones motivadas por la tardanza de ETA en anunciar su tregua general e indefinida. Los promotores se presentarán 48 horas después en el registro del Ministerio del Interior para solicitar la inscripción del partido.

Los expertos antiterroristas esperan que los estatutos reiteren la apuesta exclusiva por las vías políticas y detalle unos principios impecables desde el punto de vista legal, pero no prevén que la izquierda 'abertzale' dé el paso decisivo de la condena expresa a ETA y sus crímenes. De hecho, en vísperas del acto de presentación aún no está claro si habrá un emplazamiento directo a la organización terrorista.

De forma paralela, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, coordinados con el Ministerio del Interior, acelerarán la redacción de las demandas que presentarán en unas semanas ante el Supremo para reclamar que el alto tribunal rechace la inscripción del partido por ser un heredero directo de Batasuna y, por lo tanto, un nuevo intento de fraude para burlar la ilegalización decretada en 2003.

Los mismos policías y guardias civiles que tomarán buena nota de los asistentes y las intervenciones del Euskalduna investigan desde hace casi un año el germen del nuevo partido y los movimientos internos y públicos del entorno político de ETA. Sus trabajos, enriquecidos por las aportaciones de los agentes del CNI, están plasmados en una decena de informes y atestados, el último de la semana pasada, que reposan en la mesa de AlfredoPérez Rubalcaba. En ellos se constata que Batasuna ni siquiera se molesta en ocultar la paternidad de su nueva pantalla política, que está promovida por no menos de 20 de los más destacados dirigentes de las distintas formaciones ilegalizadas por sus vínculos con ETA.

La Guardia Civil también aportará documentos incautados en las dos últimas operaciones contra EKIN -el comisariado político de los terroristas- en los que ETA, al menos hasta tres meses antes del alto el fuego de septiembre pasado, insistía en arrogarse el papel de «dinamizadora política» de la izquierda 'abertzale' e insistía en la necesidad de concurrir a las elecciones municipales para no perder influencia ni poder.

Interior y la Fiscalía creen que, solo con los indicios ya recabados, el Supremo tendrá munición jurídica suficiente para desechar las nuevas siglas por ser una tapadera de Batasuna. Se trata de un incidente de ejecución de sentencia, por lo que ni siquiera hace falta ya probar al tribunal posibles vínculos directos con ETA. Eso, recuerdan, ya quedó demostrado en 2003 y no cambiará mientras Otegi y los suyos no prueben a los jueces su desvinculación con los terroristas. «Todo lo que nazca de Batasuna ya es ilegal», resumen los juristas.

Palabras y hechos

Tampoco ven un problema en los posibles estatutos 'limpios' de la formación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia de 2009 con la que bendijo la ilegalización de Batasuna, concluyó que «los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tomados en cuenta como el único criterio con el fin de determinar sus objetivos e intenciones; hay que comparar su contenido con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigente del partido en cuestión», entre los que cita la condena explícita del terrorismo. Este contraste entre palabras y hechos es justo el que centra la investigación y los informes policiales.

La segunda parte de esta final a doble partido se jugará entre abril y mayo, en las semanas previas a las elecciones. Los expertos calculan que el Supremo y el Constitucional tumbarán las nuevas siglas en mes y medio o dos meses, como ya hicieron en 2007 con un intento similar llamado Abertzale Sozialisten Batasuna.

Pero también como en las pasadas municipales, Batasuna intentará colar en las diputaciones y ayuntamientos sus agrupaciones de electores. Será entonces cuando se probará la eficacia del endurecimiento de la ley de partidos aprobado por PSOE y PP en enero, con el que ambos creen haber tapado hasta la última grieta legal por la que el mundo de ETA podría regresar a las instituciones y con el que lanzan un aviso de exclusión electoral a Eusko Alkartasuna, por si cae en la tentación de poner algunas de sus candidaturas legales a disposición de Batasuna.

El Gobierno cree que con la política de máxima exigencia hacia Batasuna garantiza el apoyo del PP y las víctimas y además contribuye a acelerar la llegada del final de ETA. Pero también ve la exclusión del partido de Otegi de las elecciones como un test, la prueba del algodón que aclarará con el paso de los meses y los años si su reiterada apuesta por la política es una farsa para no quedarse apartado del poder municipal o si de verdad, y como aseguran sus principales portavoces, su reclamación a la organización terrorista del final de la violencia continuará con listas o sin ellas.