El Gobierno da marcha atrás y acepta retrasar el cierre de la central nuclear de Garoña

El Gobierno está dispuesto a retrasar el cierre de la central nuclear de Garoña para conseguir un acuerdo con los agentes sociales. La clausura de la planta burgalesa estaba fijada para 2013, tal y como anunció hace año y medio el Ejecutivo. En una reunión celebrada esta semana, los sindicatos habían planteado esa propuesta en la mesa de negociación, con el fin de mantener los más de 1.500 puestos de empleo -directos e indirectos- que genera la central, y no porque estén reconsiderando su rechazo a la energía nuclear.

«El objetivo es que haya un acuerdo global no solamente en un área, y si los sindicatos piden que se alargue la vida útil de las centrales nucleares es algo que se tendrá que analizar», apuntó el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, en declaraciones a la Cadena Ser. Y es que, en aras de conseguir un acuerdo global con los sindicatos y la patronal, ahora el Gobierno se retracta de varios de sus principales pilares electorales.

La oferta tendría como destinatario último al PP, que congeló las negociaciones del pacto energético en este punto, sin llegar a consensuar otros temas tan complejos como la solución al déficit de tarifa acumulado, que ya ronda los 20.000 millones de euros, o la futura composición del parque de generación (reparto entre nucleares, térmicas convencionales, renovables, centrales de ciclo combinado, etc.). El Gobierno quiere ganarse la voluntad de los populares ante la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, que está prevista para el próximo día 25 en el Congreso, y de cara a los contenidos de esa modificación que figurarán en el proyecto de ley que posteriormente, tras su aprobación en Consejo de Ministros, pasará a debate de las cámaras.

Mientras tanto, los principales temas de la mesa de negociación colectiva siguen siendo los relacionados con el mercado laboral. A pesar de las innumerables horas que han estado reunidos Gobierno, sindicatos y empresarios, y del firme compromiso de alcanzar un acuerdo, las posturas siguen fijas. La secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, no ocultó ayer que «las posiciones aún están distantes». El presidente de CEOE, Joan Rosell, explicó que hay momentos de optimismo pero, «de repente» los negociadores se «atragantan» con algún número y deben dar marcha atrás.

Rechazo

La ampliación de la vida laboral sigue siendo el principal escollo entre los sindicatos y el Gobierno. Mientras Rodríguez mantenía la necesidad de esta medida «porque los españoles viven más, y por eso pueden trabajar un poco más», miles de delegados de CC OO y UGT se encerraban ayer en las sedes provinciales y comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad Social para expresar su rotundo rechazo a la propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años.

Aún así, nadie ha abandonado la mesa. Este miércoles, los secretarios de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, y UGT, Toni Ferrer, se reunieron con el secretario general de CEOE, José María Lacasa, para negociar la reforma de la negociación colectiva. La semana pasada, los agentes sociales demandaron al Ejecutivo que les permitiese tratar este tema de «forma bilateral» y que no se entrometiese, y así se está cumpliendo hasta el momento.

Todos indican que en menos de tres meses habrá que llegar al pacto global. Antes de que el Congreso apruebe las conclusiones del Pacto de Toledo, el próximo martes, las tres partes tendrán que acordar la reforma de las pensiones. El 15 de febrero concluye el actual programa temporal de protección por desempleo e inserción -la popularmente conocida como ayuda de 426 euros- y por eso habrá que acordar el nuevo programa de políticas activas de empleo. El resto de materias se resolverá antes de la primavera pese a lo afirmado por José Luis Rodríguez Zapatero en la presentación del informe de su oficina económica.

En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, tras la reunión del comité ejecutivo de la patronal, Rosell mostró su incondicional disposición a alcanzar un acuerdo entre Gobierno, grupos políticos y agentes sociales. «Haremos el papel que haga falta para que sea posible ese acuerdo, aunque en ese intento nos podamos quemar», apuntó, y dejó claro que hay que hacer las reformas «sí o sí».