El callejón sin salida de los controladores

El 3 de diciembre supone un punto y aparte sin retorno en la siempre complicada relación entre los controladores aéreos y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Hasta ahora, y más en los últimos meses, la cuerda no había hecho sino tensarse, quizá demasiado. Hasta el punto de que en agosto casi se rompió por completo con la que hubiera sido la primera huelga legal del colectivo en toda la historia. Ahora, todo es muy distinto.

En apenas 20 horas, las que permaneció cerrado el espacio aéreo español mientras decenas de miles de pasajeros clamaban justicia tirados en los aeropuertos, los vigilantes del cielo han dilapidado los pocos argumentos con que podían contar. La sociedad está en su contra, y el Ejecutivo les ha trasladado un serio aviso a navegantes: puede jugar fuerte; muy fuerte. El verdadero miedo del sindicato de controladores, el USCA, lejos del salario o las horas a trabajar a lo largo del año, es la desaparición de su monopolio, tanto de las operaciones en las torres de control como en el acceso a la profesión. Un control que había permitido a los controladores marear a todos los Gobiernos de uno y otro color. Hasta ahora. Se han excedido y lo saben. Queda por ver si lo han asumido.

Con los técnicos aeronáuticos cegados por un exceso de soberbia fruto de la eterna sensación de que nadie sería capaz de frenarlos, AENA y sus responsables esperan tranquilamente a que vuelvan al redil. La militarización no es eterna y habrá que cerrar algún día el segundo convenio colectivo. Todos tienen claro que ese pacto estará a años luz del primero, basado en unos privilegios fuera de toda lógica, del que son responsables todos los ministros de Fomento hasta el actual.

José Blanco aseguró solo una semana después de tomar posesión que «metería mano a los controladores». Y ha cumplido. Aunque son muchos los que critican sus formas. El recurso a los militares y la declaración del estado de alarma, en un proceso en el que Blanco cedió todo el protagonismo a Alfredo Pérez Rubalcaba, ha levantado ampollas.

A golpe de real decreto ley, el ministro de Fomento ha cercado a los controladores, que aún se creían intocables. No era para menos. Desde 1999, cuando en diciembre firmaron su primer convenio para solo unos días después ampliarlo mediante numerosas horas extra (pagadas al triple que la normal), los antecesores de Blanco, entre los que se encuentra la socialista Magdalena Álvarez, habían resuelto los problemas con USCA de la misma manera. Según fuentes del sector, ante la más mínima tensión, normalmente en vísperas de puentes o vacaciones, se tiraba de chequera. Eran tiempos de bonanza económica y resultaba fácil mirar para otro lado y pagar antes de ver colapsados los aeropuertos.

Incluso, y así lo ha denunciado en alguna ocasión la Intervención General del Estado (IGAE), todo el ámbito laboral-salarial de los controladores eludió de forma sistemática durante años el control, obligatorio para todo el sector público, de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CIRBE). Según la IGAE, los técnicos aeronáuticos ganaban muchísmo más dinero que el que resultaría de aplicar la actualización del IPC a los salarios establecidos en el convenio de 1999.

Pero el escenario ha cambiado. La crisis y la necesidad de Fomento de captar recursos han dado un giro de 180 grados a la situación. El Gobierno ha puesto en marcha la liberalización del control aéreo y, al tiempo, ha borrado de un plumazo el sistema de formación de los controladores que hasta ahora eran tutelados por profesores-controladores y subvencionados por la propia Aena. Hoy las clases cuestan entre 30.000 y 45.000 euros, y cada alumno tiene que pagar religiosamente.

El verdadero miedo de los controladores es que saben que, en pocos meses, AENA abrirá la puerta a otros operadores. Los que quieran podrán entrar en esas empresas, pero con nuevas condiciones. Quienes se nieguen deberán cambiar de destino hacia el lugar que elija el gestor público. En definitiva, dejarán de mandar para ser mandados.