La Fiscalía no va a ser benevolente con los 442 huelguistas

Lo avisó el Gobierno y ya lo está ejecutando la Fiscalía: los controladores involucrados en la huelga «no se saldrán con la suya». Dicho y hecho. Los 442 técnicos que, según los expedientes laborales abiertos por AENA, podrían estar involucrados en el motín tienen por delante un complicado horizonte judicial. Eso sí, algunos más que otros, sobre todo los que capitanearon la sublevación y dieron órdenes para que sus compañeros no fueran a trabajar los turnos del viernes 3 de diciembre por la noche y el de la madrugaga del sábado.

La maquinaria judicial del Gobierno contra los huelguistas tiene como punta de lanza al Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha encargado de organizar en persona la estrategia acusadora con todos los fiscales jefes de los tribunales superiores. La razón es pactar una respuesta común en todos los juzgados de instrucción territoriales en los que se abra un procedimiento penal.

Para ello la Fiscalía avanzó que no torcerá su brazo a la hora de pedir condenas de cárcel por un supuesto delito de sedición -abandono o ausencia voluntaria de su puesto de trabajo-, según la Ley Penal de Navegación Aérea. La horquilla va de los tres meses a los ocho años de prisión, dependiendo de si hay o no agravante. Para los cabecillas de la revuelta, el Ministerio Público anunció la máxima petición de pena, y las fuerzas de seguridad ya buscan pruebas que concreten la participación de cada controlador.

La lupa se ha puesto en los huelguistas de Madrid, Baleares y Canarias.