Industria propone que los consumidores negocien el precio que pagan por la luz y el gas

Unos 18 millones de consumidores domésticos de electricidad, incluidos pequeños comercios, y casi dos millones de hogares usuarios de gas tendrán que 'negociar' los precios que pagan por el suministro desde mediados del próximo año si prospera la iniciativa del Ministerio de Industria, que el Plan de Acción 2011-2015 incluye la liberalización de este mercado a la mayoría de los clientes a partir del próximo 1 de julio. En la práctica, el cambio implica la elección 'obligada' de proveedor y, sobre el papel, supondría rebajas de precios desde el momento en que las comercializadoras han de conquistar al consumidor con ofertas competitivas y, en buen número de casos, con una opción combinada de suministros de gas y electricidad. Los consumidores se temen lo peor, y apuntan que acelerar los planes puede encarecer la luz, de una sola tacada, en torno al 20%.

El presidente del Gobierno apuntó la idea de acelerar el calendario de la liberalización energética en su comparecencia del 18 de noviembre, como un elemento más de la agenda reformista, pero rehusó concretó la fecha. La subcomisión del Congreso que persiguió sin mucho éxito alcanzar un pacto sobre política energética aconsejaba, hace apenas dos semanas, «profundizar en la liberalización gradual del suministro de energía eléctrica» desde ahora hasta 2013, de manera que, ya en esta última fecha, el recurso a la tarifa quedará reservado, excepcionalmente, a los consumidores «necesitados de protección social que pudieran encontrar problemas para un suministro en condiciones de mercado».

De partida se alienta la idea de que bajo la protección de la tarifa eléctrica, que ahora acoge a los usuarios con potencia contratada inferior a los 10 kw, podrían quedar tan solo los contratos de 3 o menos kw, los mismos que ahora se ven beneficiados por el llamado 'bono social' y la consiguiente congelación de los precios. Los expertos tienen claro que el establecimiento de esta 'línea roja' no es muy justo.

Esta potencia, que apenas permite el uso de electrodomésticos, la contratan lo mismo hogares de bajos ingresos que despachos profesionales más o menos camuflados o segundas residencias en la playa y la montaña. Por eso se está barajando la opción de mantener la tarifa hasta un umbral más elevado, que podría quedar en torno a los 5 kw. En ese tramo, que ya posibilita la utilización de cocina eléctrica o lavadora, aunque no la climatización, ya entran unos cuantos millones de usuarios.

¿Saldrían más baratos o más caros, a partir de julio, los recibos domésticos de la luz y del gas en el mercado libre? Asociaciones de consumidores como Ceaccu piensan que las empresas del sector optarán por cobrar directamente los desfases entre costes e ingresos, y no descartan que sus propuestas se hagan a partir de alzas en torno al 20%.

Sacrificio de márgenes

Solo podría darse una rebaja si la competencia sacrificara márgenes, pero el terreno parece poco propicio. La oferta de las compañías comercializadoras estará lastrada por la herencia del déficit de tarifa y por el elevado coste que durante una serie de años de implantación va a suponer el desarrollo de las tecnologías renovables.

Nadie, ni siquiera los competidores del mercado libre, se puede sustraer a sufragar las partidas que tanto el Ministerio de Industria como el sector han bautizado como accesos o peajes. Recoge el coste del transporte y distribución de la electricidad, pero también otros variados conceptos. Cuando un usuario paga la factura de la luz está abonando costes de todo tipo. Además de los actuales de generación, en su recibo repercute la compensación por los desfases del pasado -el denostado 'déficit de tarifa'-, las primas a la producción con renovables, las ayudas a los sistemas extrapeninsulares y hasta lo que resta de la moratoria nuclear.

El déficit de tarifa acumula 15.000 millones de euros y sigue creciendo. Su reintegro, y el resto de los impactos, representan aproximadamente la mitad de la tarifa actual de último recurso (TUR) y apenas el 50% restante está determinado por el coste de la electricidad en el mercado mayorista.

Pero, en la práctica, el Gobierno utiliza los peajes eléctricos no solo para trasladar los costes pendientes de repercutir sino también para acompasar la subida del recibo doméstico. Si Industria saca adelante su criterio, el juego de la competencia entre comercializadoras para 'conquistar' a los consumidores se verá limitado al margen de que disponen las compañías una vez asumidos los 'peajes'. El Ministerio parece convencido de que la contratación combinada facilitará mejores ofertas a los usuarios.