Los sindicatos advierten al Gobierno de que mantendrán la tensión tras la huelga general

Un otoño caliente para el Gobierno. Los sindicatos avisaron ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que mantendrán la tensión tras la huelga general de hoy si no hay un «cambio radical» en la política económica, durante el último acto informativo previo a la jornada de paro celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid. La advertencia no solo busca aumentar la presión sobre un Ejecutivo cuyo futuro inmediato se llena de obstáculos (crisis económica, primarias, elecciones catalanas, etc), también es un mensaje interno para las bases de las centrales sindicales ante la posibilidad de que la convocatoria de paro sea un fracaso.

«Que tenga en cuenta el presidente del Gobierno que el 29-S no es el fin», insistió Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, que tiró de la memoria para recordar que el Gobierno de José María Aznar solo accedió a retirar el 'decretazo' tras la huelga general del 20 de junio y las movilizaciones que culminaron con una gran manifestación.

Rodríguez Zapatero se encuentra en un callejón con pocas salidas en este terreno. Los sindicatos descartan la opción de la negociación que el Ejecutivo socialista les hizo llegar esta misma semana sobre varias materias pendientes legislar de la reforma laboral aprobada el pasado 9 de septiembre. «Es una operación de distracción y de intentar amortiguar el impacto de la huelga», denunció el líder de CC OO.

Esta negativa al diálogo fue justificada por Cándido Méndez, secretario general de UGT, en el «grave problema que tiene el presidente del Gobierno por su pérdida absoluta de credibilidad». «Rodríguez Zapatero ha congelado las pensiones, ha roto el convenio colectivo de los funcionarios, quiere subir la edad de jubilación a los 67 años y ha impuesto una reforma laboral cuando se comprometió a negociarla. No tiene credibilidad», remachó el líder del sindicato afín al PSOE.

La única opción aceptable para los sindicatos es la modificación de la política económica del Ejecutivo y la retirada de la reforma laboral, una posibilidad asumible para Rodríguez Zapatero, según las centrales sindicales. «Si el presidente del Gobierno es experto en algo, es en rectificar», añadió el máximo dirigente de UGT. En este pulso, los sindicatos miran a largo plazo. Ya no es solo la reforma laboral lo que ponen en entredicho. Toxo apuntó que la huelga es «preventiva» ante las intenciones de establecer un nuevo marco para las pensiones en los próximos meses. «Quieren llevar el Pacto de Toledo al borde del precipicio», alertó Méndez.

A pesar de la dureza con la que atacaron al actual inquilino de la Moncloa, tanto Toxo como Méndez redundaron en que el objetivo del paro de hoy no es desalojar a los socialistas del Gobierno. Haciendo un símil con la película 'Avatar' el líder sindical de UGT apuntó que «Zapatero ha adoptado un avatar de color azul y queremos que lo cambie. Ni sus votantes ni su partido son de ese color». El representante de CC OO fue más lejos y pidió que el PSOE mire a la izquierda a la hora de establecer pactos políticos que le otorguen estabilidad en las tareas legislativas, en lugar de intentar un acercamiento a los nacionalistas.

Los representantes sindicales recordaron «la ineficacia» de la reforma laboral reproduciendo las palabras de algunos miembros del Gobierno que admitieron que no tendrá incidencia en la creación de empleo. Ante el guante que les lanzó Rodríguez Zapatero con la petición de propuestas para luchar contra la crisis económica y reducir el déficit, los sindicatos abogaron por aumentar la presión fiscal incrementando el impuesto de Sociedades y sobre fórmulas inversoras como las Sicav, además de recuperar algunas figuras fiscales como los tributos abolidos de Transmisiones, Sucesiones o Patrimonio.

«Piquete del miedo»

Los líderes sindicales entraron de lleno en la polémica suscitada alrededor de los servicios mínimos. Toxo acusó el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, de poner en marcha «piquetes del miedo» para atentar contra el derecho fundamental de la huelga con sus declaraciones sobre cómo los piquetes informativos se pueden convertirse en «coactivos» y las supuestas amenazas de despidos a quienes secunden la huelga.

Como aviso a navegantes y jugando también al miedo, Méndez alertó de que a los sindicatos «no se les podría responsabilizar de los incidentes que ocurran donde no se hayan pactado los servicios mínimos». Las críticas arreciaron entonces contra el PP y, especialmente, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a la que se acusó de abanderar la imposición por decreto de los servicios mínimos en las comunidades autónomas gobernadas por los populares (salvo Valencia), en su lucha particular con Mariano Rajoy por controlar el Partido Popular.