La Fiscalía solicita al juez que expulse al PP del 'caso Gürtel' por «fraude de ley»

Guerra abierta y sin precedentes entre la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular en el 'caso Gürtel'. El Ministerio Público ha pedido al instructor del sumario, Antonio Pedreira, que expulse del procedimiento a la formación que lidera Mariano Rajoy. Entiende que el partido lleva incurriendo meses en «fraude de ley» por «cuanto desempeña una labor de defensa amparándose en su condición de acusación popular».

Según el informe de cuatro páginas en poder de este periódico, Anticorrupción reclamó a Pedreira la exclusión de los 'populares' el pasado 8 de septiembre, añadiéndose así a la petición de los socialistas valencianos, que también consideran que el PP no debe ser parte de este sumario porque en realidad está operando como defensor de los imputados.

El juez Pedreira y la propia sala rechazaron la pretensión de los socialistas valencianos en diciembre de 2009 y febrero de 2010. Entonces, los tribunales dejaron que el grupo popular siguiera en el procedimiento, pero la Fiscalía entiende que ahora hay nuevos motivos para echar definitivamente al PP. «La actividad procesal y extraprocesal del Partido Popular a partir de esta fecha es absolutamente reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otra que el de una defensa más».

Una actitud «sorprendente»

Los representantes del Ministerio Público argumentan que la estrategia del PP se ha desvelado en dos de sus últimos informes, el 29 de abril y el 25 de mayo. En el primero, un recurso contra la decisión de requerir a la Generalitat valenciana los nombres de los altos cargos del Gobierno de Camps que contrataron con la trama Gürtel y, en particular, con 'Orange Market'. Entiende Anticorrupción que es «sorprendente» que una acusación popular «califique de simples irregularidades administrativas los hechos descritos por la Intervención General del Estado que ponen de manifiesto la continua y reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación pública en los contratos examinados».

El segundo documento que cita como prueba la Fiscalía es el recurso del PP contra la inhibición de parte del sumario a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Recuerda que el escrito del partido estaba «plagado de descalificativos dirigidos contra todos los funcionarios intervinientes en la causa» y que ni siquiera las defensas de cada uno de los imputados recurrieron la decisión de que parte del sumario sea instruido en la Comunidad Valenciana. «Del contenido de los escritos se infiere que lo interesado es realmente el archivo de los hechos, postura claramente incompatible con la posición de acusación popular que tiene asignada el Partido Popular en esta causa».

Además, la Fiscalía reconoce que ya instó al juez a reflexionar sobre el papel que ejerció el PP en este sumario en mayo del año pasado cuando le reclamó la expulsión, con mucho menos convicción que ahora, ante la previsión de que la «investigación de los hechos previsiblemente podría afectar [al PP] directa o indirectamente». Entonces, recuerda Anticorrupción, Pedreira rechazó la pretensión por entender que la implicación del PP era una «mera hipótesis».

«Pero la situación ha cambiado desde entonces», señalan las fiscales. «Las diligencias que se encontraban pendientes de practicar (...) han motivado que la investigación judicial se extienda a la posible comisión de delitos electorales (financiación irregular) en el seno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana».