Washington cambia

El acuerdo preliminar alcanzado en el Congreso de Estados Unidos para proceder a la reforma del sistema financiero auspiciada por la Casa Blanca puede parecer tardío, dados los dos años transcurrido desde que se evidenciaron los excesos especulativos y las carencias reguladoras y supervisoras que desembocaron en la actual crisis. Pero teniendo en cuenta las desavenencias políticas y las resistencias de quienes operan en los mercados, cabe concluir que el cambio posible es también un cambio más que aceptable para una economía que había basado buena parte de su éxito y de su capacidad de arrastre en la generación constante de nuevos productos financieros. La reforma, que podría aprobarse definitivamente en pocos días, tiene la virtud de contemplar todas las facetas y expresiones del mundo financiero, desde el modelo bancario tradicional hasta cualquier relación puntual en el que se vean concernidos los ahorros y los compromisos futuros de los ciudadanos, desde el mercado de derivados a la gestión de las tarjetas de crédito, como una misma realidad que, aunque diversa, requiere de un criterio conjuntado de regulación. Esto, sumado a la unificación supervisora y a la ampliación de las atribuciones que el Gobierno federal asumiría en cuanto a su intervención directa en caso de riesgos o de irregularidades, no sólo permite identificar de manera nítida la autoridad a la que deberán estar sujetas las distintas entidades financieras y sus responsables, sino que además asegura que las instancias supervisoras puedan desarrollar a través de resoluciones más inequívocas las bases de partida de una reforma cuya eficacia será puesta a prueba por la imparable movilidad de los mercados. De ahí que el requisito principal del cambio sea la transparencia con la que deberán operar todos y cada uno de los actores de la economía financiera estadounidense. La reforma acordada por Washington es la respuesta que el mundo demandaba del país en el que se engendró la crisis financiera global. Aunque lo más relevante de la misma es que permite acelerar el paso en la generación de un sistema de regulación y supervisión también global a partir de la agregación coincidente de las medidas que adopten los países que estos días se reúnen en Toronto.