El Gobierno seguirá adelante con la reforma educativa a pesar de la retirada del PP

El consenso cotiza a la baja en España. Gobierno y PP tampoco han logrado sellar un acuerdo sobre Educación, uno de los grandes asuntos de Estado tanto para socialistas como populares. Dolores de Cospedal, flanqueada por cuatro consejeros de Educación de territorios gobernados por el partido opositor, expuso ayer los motivos de su 'no'. La secretaria general del PP definió la última propuesta del ministro de Educación como «el mejor blindaje» del modelo educativo actual, un sistema que considera «fracasado». Ángel Gabilondo, pese al revés, anunció que el Gobierno seguirá adelante con la reforma educativa.

En el Gobierno consideran «gravísimo» el plantón del PP, tras casi un año de negociaciones. Fuentes gubernamentales explicaron que no existe «ni un solo motivo» objetivo para que el principal partido de la oposición no haya suscrito el texto final. Comentan, incluso, que algunos miembros del Consejo de Ministros mostraron su preocupación por que consideraron que el titular de Educación «había cedido demasiado» a las pretensiones del PP. En la Moncloa están convencidos de que aunque le hubieran aceptado todas y cada una de las propuestas populares, «nos habrían dicho igualmente que no».

El Gobierno enmarca esta negativa en la estrategia de oposición de Mariano Rajoy que, a su juicio, no distingue entre temas de Estado y asuntos de legítima confrontación partidista. Recuerdan que el PP también se ha cerrado en banda hasta en tres ocasiones en lo que va de legislatura y en temas de gran calado: la Ley de Financiación Autonómica, las medidas anticrisis del Pacto de Zurbano y la reforma del Código Penal. En todos los casos, el PP mostró de inicio su «absoluta predisposición al acuerdo» que se diluyó a la par que avanzaban los contactos. Y al final, sólo se lograron salvar medidas sectoriales, sin rubricar un consenso global y, mucho menos, un pacto de Estado.

Otra prueba de esta incapacidad de los dos grandes partidos para alcanzar alianzas fue la reunión del miércoles entre Zapatero y Rajoy. «No quieren la foto del pacto para nada», afirman fuentes socialistas que también recuerdan que el pacto de las comunidades autónomas, incluidas las regidas por el PP, con el Ministerio de Sanidad para reducir el gasto farmacéutico acarreó algún tirón de orejas a los consejeros populares.

Gabilondo anunció que, pese a todo, continuará con la reforma, pues cuenta con el apoyo de buena parte de la comunidad educativa. Sólo lamenta que no pueda lograrse la «estabilidad normativa» que perseguía para que cada relevo en el poder no supusiera más un cambio de modelo.

La iniciativa, que se plasmará en un proyecto de ley, prevé 148 medidas, incluidas las que el titular de Educación aceptó al PP. Gabilondo explicó que se ha reunido diez veces con la delegación de los populares, encabezada en tres ocasiones por Cospedal. «Había voluntad política de pactar, pero la voluntad política es vulnerable y política», acotó desencantado el ministro.

Apoyo ocasional

El PP dice no querer ser cómplice de un proyecto que considera equivocado y sólo mantiene abierta las esperanzas de sellar aspectos concretos de la ley. La número dos del partido opositor anunció, además, que cuando lleguen al poder revisarán esta reforma «porque no es la que necesita España», aunque apostilló que las comunidades autónomas gobernadas por su formación acatarán, si finalmente se aprueba, la norma.

El partido opositor defendió que su decisión se basa en cuestiones objetivas y que el Gobierno no garantiza algunas de las peticiones básicas del PP: que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en todas las etapas educativas, que exista un tronco común de materias que se impartan en los mismos términos en toda España y que haya un sistema nacional de evaluación. Además, sostuvo que tampoco se defiende la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes, vivan donde vivan. Un agravio, insisten, que podría derivar en «una España de distintas velocidades». También queda fuera el reconocimiento al profesor como autoridad pública y la profesionalización de los directores de los centros para evitar su politización.