Marsans busca 20 millones en avales del Estado para sobrevivir

Viajes Marsans, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, pierde a cada minuto algo esencial: la confianza de quienes trabajan con y para la empresa. Los problemas de liquidez del grupo, que ha sufrido para abonar las nóminas de marzo de parte de sus 4.000 empleados, han disparado los recelos. Algo que ha llevado a muchos proveedores a apretarle tuercas o, directamente, a sacarlo de su cartera de clientes.

UGT, mayoritaria en la firma, reclama sensatez y sensibilidad. Y recuerda que «Marsans es una compañía rentable que necesita sanearse y cambiar de gestores». Así lo defiende Miguel Ángel Cilleros, secretario general de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar del sindicato, quien reclama al Gobierno un esfuerzo para situarse como mediador entre Marsans y el sistema financiero. «La temporada de verano se comercializa casi toda en las próximas semanas, es urgente encontrar una solución», recuerda Cilleros. La solución pasa inexorablemente por una venta ordenada de la empresa, pues así lo han impuesto los bancos al renovar hace días a Marsans una línea de crédito. La necesaria inyección de confianza podría venir del Estado.

Pascual y Díaz Ferrán buscan ese respaldo del Gobierno en forma de avales de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE). La cantidad solicitada ronda los 20 millones de euros. Ese dinero tendría un objetivo claro: garantizar liquidez y normalizar el funcionamiento de Marsans, de modo que la empresa recupere aliento, recobre la confianza del sector y afronte una venta en mejores condiciones.

Normalmente, el CESCE no se dedica a conceder avales, sino a respaldar ante impagos a las empresas en su salida al exterior. Pero se da la circunstancia de que el pasado viernes el Consejo de Ministros incluyó al organismo (controlado por el Ministerio de Economía y en el que participa también la banca privada) en el 'paquete Zurbano'.

El programa para reactivar la economía abre nuevos horizontes al CESCE. En concreto, la empresa podrá -autorizada por la UE- cubrir por cuenta del Estado riesgos comerciales en operaciones a corto plazo cuando el deudor sea privado y el medio de pago sea un crédito documentario.