El SAS indemniza a una familia por la muerte de su hija de 22 años

Una joven de 22 años falleció el 5 de septiembre de 2006 por una mala práctica médica, como ha reconocido el Servicio de Aseguramiento y Riesgos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los fatales hechos ocurrieron a finales de agosto de 2006. La joven, Sandra Pisonero Poza, se sintió mal después de un día de duro trabajo. Se quejaba de un dolor en un pie, que más tarde se le pasó a la cadera y, por último, el malestar le llegó al pecho. Tras ser analizada en su centro de salud de Chiclana fue derivada al Hospital Universitario de Puerto Real, según reza el informe médico «por presentar un fuerte dolor torácico a la altura de los hombros, tos irritativa y dificultad para respirar». Una vez en Urgencias del centro hospitalario, le realizaron pruebas de coagulación, radiografías de tórax (que indicaron al personal sanitario que «había algo raro»). La joven gaditana fue atendida por el servicio de Medicina Interna, donde los médicos consideraron que los síntomas que presentaba la paciente podían corresponder con una embolia pulmonar, por lo que le realizaron otras radiografías e intentaron hacerle un TAC.

Esta última prueba diagnóstica no pudo ser realizada porque la joven se asfixiaba al levantar los brazos. En la radiografía no había, según el equipo médico, derrames torácicos, una imagen típica de los infartos pulmonares que pueden aparecer al día o los dos días de que un coágulo colapse la circulación sanguínea.

Tenía ansiedad

En la madrugada del 31 de agosto le dieron el alta con un diagnóstico de ansiedad y dolor osteomuscular. El médico la citó al día siguiente para realizarle una segunda visita. Cuando la chica acudió en aquella ocasión no presentaba síntomas ni dolor y fue dada de alta. Cuatro días más tarde murió. Las tres maniobras de reanimación que se le practicaron ya nada pudieron hacer tras esos cuatro días perdidos, que resultaron ser vitales.

El servicio de Aseguramiento del SAS no ha tenido dudas a la hora de determinar que la reclamación realizada por los padres de la fallecida, Pedro Pisonero e Isabel Poza, estaba totalmente fundada en una mala praxis, ya que el médico que la atendió no realizó la prueba indicada para los síntomas que presentaba la chica y que señalaban claramente hacia una posible embolia pulmonar. La condena ha sido literalmente «por una conducta omisiva», ya que debería de habérsele practicado una gasometría arterial y una ganmagrafía pulmonar, ambas pruebas indicadas específicamente en caso de dolor torácico y dificultad para respirar.

Indemnización superior

El SAS ha acordado una indemnización de 105.711 euros, a pesar de que la familia de la fallecida había pedido menos cuantía; 90.954 euros. En este desgraciado caso, el SAS tiene tan claro dónde estuvo el fallo que ha aplicado un factor corrector que eleva en un 10% la cantidad demandada, por estar la joven en edad laboral.

La dirección jurídica fue asumida por el letrado José Luis Miguel Ortiz Miranda, especialista en derecho administrativo y adscrito a los Servicios de la Asociación del Defensor del Paciente.