El 'caso Gürtel', en el alero

Las escuchas telefónicas y la intervención de las comunicaciones de abogados ordenadas por el juez Baltasar Garzón amenazan el futuro del 'caso Gürtel'. El sumario, según desvelaron fuentes judiciales, podría sufrir importantes amputaciones si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no avala todos y cada uno de los 'pinchazos' que autorizó el magistrado de la Audiencia Nacional, quien dirigió esta investigación hasta marzo del pasado año.

La preocupación en la sede del tribunal madrileño es tal que el propio magistrado encargado del caso, Antonio Pedreira, ha decidido paralizar la instrucción del vasto sumario hasta saber si los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal dan por buenas esas escuchas en las que se fundamenta buena parte de la investigación sobre la trama corrupta.

La avalancha de recursos presentados por los principales imputados contra el trabajo de Garzón (23 escritos muy fundamentados) ha provocado que Pedreira se replantee, incluso, su propio calendario. Por lo pronto, ya ha comunicado a sus colaboradores que no levantará el secreto sumarial sobre cerca de 45.000 folios, como tenía previsto hacer el próximo miércoles, si antes no conoce la decisión de la sala. A pesar de que, tras meses de trabajo, los funcionarios habían logrado escanear el ingente material para facilitarlo a las partes, el instructor ha ordenado paralizarlo todo a la espera de saber si debe anular parte de esas diligencias a cuenta de las escuchas bajo sospecha.

Pedreira, que ya tenía sobre su mesa los DVD para entregarlos a las distintas acusaciones y defensas, teme que la llamada teoría del 'fruto del árbol envenenado' cercene su sumario. Esto es, si los tres jueces de la Sala Civil y Penal que analizan desde el pasado miércoles los 'pinchazos' -Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro- anulan algunas de estas intervenciones probablemente esto derivaría en una nulidad de pruebas en cascada. Y habría que expurgar todo el inmenso sumario para extraer «de manera quirúrgica» esas diligencias ahora ilegales («frutos contaminados»).

El problema, explicaron estas mismas fuentes, es que los tres magistrados no sólo están analizando los 'pinchazos' a los abogados de los imputados en la cárcel madrileña de Soto del Real a partir de febrero de 2009. Vieira, Suárez y Fernández también estudian con lupa los centenares de pinchazos telefónicos que Baltasar Garzón autorizó a partir de agosto de 2008, durante la etapa que investigaba en absoluto secreto la trama. En particular, examinan si el magistrado de la Audiencia Nacional «motivó suficientemente» esas escuchas. De aquellas intervenciones se derivaron decenas de diligencias y registros, que ahora pasarían a ser ilegales en el caso de que las escuchas que los motivaron no sean avaladas por el Tribunal Superior de Madrid.

En los locutorios

También preocupa, y mucho, en este tribunal que los recursos contra las escuchas carcelarias a los abogados -los más fundamentados y que más posibilidades tienen de prosperar- puedan echar por tierra la investigación realizada en los paraísos fiscales. La cuestión es que varias de las quince comisiones rogatorias claves, enviadas a Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Panamá y Mónaco, con el objetivo de recuperar la fortuna evadida por el jefe de la trama, Francisco Correa, están basadas en informaciones que se obtuvieron en los 'pinchazos' en los locutorios de Soto del Real. En particular, de estas escuchas salió buena parte de la información sobre las cuentas de Suiza, donde están 30 de los 50 millones de euros de Correa localizados en el extranjero. Cada una de estas comisiones fue remitida después del 4 de marzo de 2009, cuando ya se habían producido los 'pinchazos' a los letrados. Y esa circunstancia temporal, por supuesto, la conocen los abogados de los implicados.

En el Tribunal Superior saben que el propio Pedreira y la Fiscalía han dado por buenas esas intervenciones carcelarias, pero también son muy conscientes de que el Tribunal Supremo, por primera vez en su delatada historia, ha admitido a trámite una querella dirigida contra un juez (Baltasar Garzón) por la supuesta ilegalidad de unos 'pinchazos' que violarían la confidencialidad entre abogado y cliente. Un precedente, reconocen en el tribunal, que no es nada halagüeño.

Prescripción

Otra derivada del guirigay jurídico a cuenta de las polémicas escuchas es la posible prescripción de los delitos. Muchas de las irregularidades penales y fiscales detectadas son anteriores a 2006 y otras muchas ya estaban a punto de prescribir cuando a principio de 2009 se evitó su caducidad con las citaciones, declaraciones e imputaciones. Si las escuchas que motivaron aquellas declaraciones son declaradas nulas, automáticamente esos delitos ya habrían prescrito y no habría fórmula jurídica para perseguirlos.

Los equipos de juristas contratados por los imputados, entre los que se cuentan algunos de los penalistas más reputados de España, saben de la delicada situación del sumario. Y ya preparan su siguiente paso si alguna de las escuchas es anulada: pedir la nulidad de todo el proceso o la recusación del propio Pedreira. El apartamiento de la causa de este juez crearía, a su vez, otro problema añadido: su sustituto habría que traerlo de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid porque el resto de magistrados de la Sala de lo Civil y Penal (Vieira, Suárez y Fernández) estarían ya contaminados por haber decidido sobre la legalidad de las escuchas.