El juez busca más testigos contra los Galán

Suma y sigue es el lema que parece impregnar las páginas de las diligencias que, hasta la fecha, componen la 'Operación Toscana', que ha supuesto el desmantelamiento de los burdeles que regenta la familia Galán en la provincia de Cádiz y Estepona. El instructor quiere engordar el material probatorio contra el clan jerezano con el fin de confirmar los primeros indicios que les ha presentado la Guardia Civil de cara a un futuro procesamiento. No en vano, Rocío y su padre Juan Luis ya se sentaron en el banquillo años atrás por unos cargos muy similares, con testimonios que sostenían que estaban interesados en captar menores para sus locales. Pero finalmente fueron absueltos.

Con esa experiencia previa, el juez del nº 5 de Chiclana dictó el pasado sábado, además de los autos que ordenaban el ingreso ineludible en prisión de siete de los 15 detenidos, una providencia en la que ordenaba a la Guardia Civil que localice a más prostitutas que se presten a testificar en contra de sus antiguos jefes y que arrojen nuevas pruebas que confirmen la situación de explotación que supuestamente sufrirían las mujeres que ejercían en los seis burdeles que ahora están precintados.

Cuestionarios

Las 150 mujeres que se encontraban trabajando durante la noche de la redada y que fueron interceptadas por la Guardia Civil -alguna trató de escapar cuando irrumpieron los agentes en los locales- cumplimentaron un cuestionario que supervisó el Equipo de Mujer y Menor (EMUME) del Instituto Armado. Este periódico ha tenido acceso a los que rellenaron tres de los cuatro testigos protegidos. Las chicas tuvieron que responder a preguntas tan directas como: si había sufrido amenazas, coacciones o violencia de algún tipo para ejercer la prostitución o si en alguna ocasión había sido menospreciada por razón de su físico, edad, raza etc... Este periódico pudo saber a través de las diligencias que estas chicas cargaron contra los jefes en cuanto a que tenían que pedir permiso para salir o que se quedaban hasta con el 50% de las ganancias obtenidas en cada pase (en este mundillo se denomina de esa manera a los servicios sexuales); un dinero que nunca le entregaba directamente el cliente sino que pasaba por el filtro del hotel. Pero en cambio respondían de forma negativa a las cuestiones más comprometidas. Estas tres mujeres -dos colombianas y una brasileña- llevan entre siete y doce años en el país y antes de ejercer en los clubes de la cadena Galantería habían pasado por otros burdeles de Córdoba y Sevilla. Una de ellas incluso reconoció que había sido captada en su país para ser traída a España. Pero que llegó de la mano de una persona ajena a la familia Galán, quien nunca le engañó con falsas promesas de trabajo.

En cuanto a los controles que ejercían los encargados de los hoteles sobre las meretrices, una de ellas declaró que si no bajaba a la sala para alternar con los clientes, la llamaban por teléfono para ordenarle que lo hiciera. Pinceladas como éstas son las que han llevado al juez a delimitar qué tipo de coacción supuestamente se aplicaba a las prostitutas: control de salidas y entradas, jornadas laborales extensas e imposición de multas. Sobre este último punto, una de las testigos fue la que le aseguró al juez que sabía de compañeras que habían sido sancionadas y le indicó sus nombres. Quizás sean esas chicas las que busquen ahora.

El testimonio más duro lo prestó una mujer que ya no trabajaba para los Galán cuando comenzó a gestarse la 'Operación Toscana'. Fue cocinera en uno de los locales hace ocho años y sus palabras fueron calificadas por el juez instructor en sus autos de «desgarrador», como adelantaba ayer LA VOZ. En su interrogatorio describió cómo las mujeres eran encerradas en sus habitaciones para que no pudieran salir. Sin embargo, sus palabras tienen un valor jurídico menor al referirse a hechos ocurridos años atrás que deben ser corroborados por testimonios actuales.