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Obligadas a estar a dieta

La Guardia Civil supo a través de algunas prostitutas, ahora testigos protegidos, que le llegaban a retirar hasta el 50% de sus ganancias La red controlaba el peso, la ropa que vestían y su sueldo, bajo amenaza de multa

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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A la Toscana creyó llegar cuando dejó su país de miseria para alcanzar la Europa del desarrollo, pero esa imagen idílica se terminó rompiendo en mil trozos cuando día a día se dejaba la piel entre las sábanas de la habitación de un club de alterne, donde ni siquiera podía ser dueña de su sueldo. Los caprichos que anheló disfrutar, tampoco estaban a su alcance en el nuevo mundo, donde le estaba vetado hasta el simple placer de un buen plato de comida sin medir las calorías. Ésta historia desesperada, fraguada en la necesidad, es una de tantas que llegaron a los oídos de la Guardia Civil y que ayer desembocó en una redada de grandes dimensiones efectuada en las provincias de Cádiz y Málaga.

Son las experiencias de una serie de prostitutas que apartaron el miedo y decidieron colaborar con los agentes enseñándoles el camino que les llevaría hasta la familia Galán. Unas mujeres, hoy testigos protegidos, que un buen día decidieron no seguir tragando.

El Instituto Armado confirmó ayer que las prostitutas que trabajaban en los seis burdeles de la familia jerezana lo hacían bajo unas condiciones laborales que tiene su definición en el Código Penal: explotación. Estaban sometidas a un estricto control que incluía su peso, su forma de vestir y sus ingresos. Si se salían de las directrices marcadas eran sancionadas. Las multas también se aplicaban supuestamente si no realizaban sus servicios por enfermedad o porque simplemente les había llegado la menstruación. Su ejercicio profesional, despojado de regulación, no entiende de convenios ni derechos laborales. Por eso es fácil, como ocurre en el 'caso Toscana', que las mujeres se vieran abocadas a jornadas de más de 12 horas, confirmaron desde la Benemérita.

Las 150 mujeres que estaban trabajando en la madrugada de ayer en los burdeles son extranjeras, la mayoría rumanas, brasileñas y dominicanas. Muchas tienen sus papeles en regla, pero las hay en situación irregular. Estas correrán la peor suerte porque la Guardia Civil les va a tramitar un expediente de expulsión para que sean devueltas a su país. Si lo burlan, vivirán con la amenaza constante de ser descubiertas en cualquier momento.

Acogidas en centros

El resto fue enviado a centros de acogida de la provincia, donde pasarán una temporada hasta que puedan regresar al día a día. Las mismas fuentes subrayaron que no hay indicios de abusos más allá de los laborales ni tampoco pruebas de que fueran agredidas. No estaban tampoco retenidas, pero la red se había buscado un perfil muy concreto para asegurarse de que no habría bajas laborales: las mujeres que entraban en los prostíbulos estaban en una situación necesitada y con muy pocas posibilidades de encontrar una alternativa laboral.

La mayoría de los locales que gestiona la familia Galán consta como hoteles, al menos así se anuncia en Internet en la web de la cadena Galantería, donde aparecen colgadas fotos de las chicas posando en lencería. Si bien, fuentes de la investigación indicaron ayer a este medio que alguno de los establecimientos carecía de cualquier licencia porque estaban asentados supuestamente sobre suelos no urbanizables. De confirmarse este dato, llamaría la atención el poco temor que tenían los implicados a ser apresados, habida cuenta de la promoción que hacían de sus negocios.

La definición de hotel es el recurso al que se agarran los empresarios de los clubes nocturnos para esquivar las consecuencias legales, ya que el proxenetismo, entendido como cualquier forma de lucrarse de una mujer mediante el sexo, está penado en España. Por eso, un burdel como tal no tiene cabida en las licencias administrativas. Las 150 prostitutas constaban como clientes de los distintos hoteles. En anteriores casos el truco estaba en cobrarles un precio abusivo por la habitación que enmascara los ingresos derivados de los servicios sexuales. Para que la actividad no cruce la línea de lo legal, estas mujeres debían percibir íntegramente el dinero que obtienen por sus servicios. Sin embargo, los Galán habrían sobrepasado ese límite desde el momento que se quedaban supuestamente hasta con el 50% del dinero que cada día ganaban las prostitutas.