Rodríguez-Sol, dimitido

El fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, ha puesto esta tarde su cargo a disposición del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien había iniciado ayer el proceso para su destitución después de que éste realizara públicamente diversas especulaciones sobre la consulta soberanista en una entrevista concedida a la agencia Europa Press y publicada por numerosos medios. Rodríguez-Sol, tras entrevistarse en la Fiscalía General del Estado con su titular, en Madrid, ha manifestado a la salida que Torres-Dulce le ha aceptado la dimisión.

Rodríguez-Sol es, curiosamente, un fiscal conservador, que llegó a presidir la Asociación de Fiscales, y sus declaraciones, después matizadas cuando ya era público el revuelo que habían suscitado, no eran un desafuero sino una meditación en voz alta que no contravenía la legalidad vigente. Ello indica que el fiscal del Estado ha emprendido el proceso de su destitución por la razón alegada: falta de neutralidad política. Aunque los fiscales y los jueces tienen distinta naturaleza y diferente estatuto, ambos son piezas del tercer poder del Estado y les es exigible por igual una exquisita neutralidad en cuestiones políticas. Y Rodríguez-Sol era muy aficionado a comentar espontáneamente sus opiniones sobre numerosos temas. En esta ocasión, su sola manifestación, justo después de que el Gobierno hubiera decidido recurrir la declaración soberanista del 23 de enero y cuando en Cataluña está planteado un complejo contencioso de extrema gravedad, resultaba perturbadora. Y resultaría difícil quitar la razón a Torres Dulce al actuar con tanta contundencia para preservar a la Fiscalía y mantenerla al margen del debate político.

Naturalmente, los nacionalistas han interpretado torcidamente el gesto. Y su versión sería verosímil si Rodríguez-Sol hubiera salido en su defensa. Pero no ha sido ni mucho menos así: el ya dimitido fiscal se ha limitado a sugerir que, puesto que un referéndum consultivo requiere la autorización del Gobierno, la voluntad de Cataluña podría indagarse indirectamente mediante otras preguntas formuladas al amparo de la ley de Consultas que se dispone a promulgar por vía de urgencia el parlamento de Cataluña. No hay, pues, comprensión con la pretensión de Artur Mas de celebrar el referéndum a las bravas, aun contraviniendo la legalidad. Lo que ocurre es que el Estado debe mantenerse fiel a sí mismo en sus zonas más delicadas, y un funcionario lenguaraz puede causar estragos en los sutiles equilibrios internos de la maquinaria estatal.

En definitiva, Torres Dulce ha cumplido con su obligación, y quien discrepe tendrá que justificar esta discrepancia con argumentos veraces y no con instigaciones populistas, tan en boga en la política catalana.