Reyal Urbis solicita concurso de acreedores por la negativa de la banca a prestarle más dinero

Un embargo de cinco millones de euros de las cuentas de ReyalUrbis para pagar deudas derivadas de pleitos y la última propuesta presentada a la banca para obtener 30 millones de euros de liquidez adicional han sido los detonantes en el segundo mayor concurso de acreedores de la historia de España. De hecho, el embargo de las cuentas para hacer frente a los gastos derivados de pleitos contra proveedores propiciaron ayer un consejo de urgencia, según han indicado fuentes conocedoras del proceso.

En la reunión de ayer mantenida con las entidades financieras, a las que la inmobiliaria adeuda más de 3.600 millones de euros, ReyalUrbis también solicitó a los bancos 30 millones de euros para hacer frente a pagos de proveedores y a los intereses de la deuda contraída con la Agencia Tributaria. Y es que, al margen de su pasivo financiero, la inmobiliaria debe además cerca de 400 millones de euros a Hacienda.

La materialización de esta exigencia de capital a las entidades acreedoras, se planteó bien mediante una nueva línea de financiación o con la recompra de activos de la compañía. El objetivo de este requerimiento era, según las mismas fuentes consultadas, evitar que algún acreedor solicitase el concurso necesario de ReyalUrbis, lo que retiraría del día a día de la compañía a los actuales gestores, que pasarían a ser sustituidos por la administración concursal.

Ante el rechazo de los bancos a aportar capital y el embargo de las cuentas, la inmobiliaria se ha visto abocada a iniciar los trámites para presentar la que será la segunda mayor insolvencia de la historia de España, sólo por detrás de la presentada por Martinsa-Fadesa, que alcanzó un acuerdo con la banca para pagar sus 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años.

Concurso voluntario

Al tratarse de un concurso voluntario, que la compañía aún no ha presentado en los juzgados mercantiles correspondientes, los actuales gestores conservarán las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.

A falta de cuatro días para que finalizara el plazo otorgado por la ley concursal para llegar a un acuerdo con las entidades financieras y refinanciar su pasivo antes de verse obligada a presentar el concurso, las reticencias de la banca han sido determinantes. De hecho, las principales entidades acreedoras de la inmobiliaria son la Sareb, con 707 millones de euros -de los que 650 millones corresponden a Bankia y a NCG-, Banco Santander, el fondo Appaloosa (que adquirió la deuda de Barclays) Banco Popular, FMS, Caixa Geral, EuroHypo, RBS y BBVA.

En este contexto, figura también una deuda de 350 millones que tiene contraída Inveryal -la sociedad patrimonial del presidente de la inmobiliaria, Rafael Santamaría- con la banca, especialmente con el Santander. Además, la inmobiliaria adeuda 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO), de acuerdo con las mismas fuentes.

La inmobiliaria, que ha justificado la solicitud de insolvencia ante el "continuado deterioro de la situación general del sector inmobiliario", continuará desarrollando su actividad y negociando con sus acreedores la forma de garantizar su futuro en el medio y largo plazo.

Reya l Urbis ha asegurado también que el valor de sus activos era de 4.194 millones de euros en junio de 2012, según una tasación de Jones Lang Lasalle. Sin embargo, otras fuentes han añadido que desde el pasado año el valor de sus activos, entre los que se incluye el complejo Castellana 200, era inferior a su deuda.