IAG finiquita el diálogo en Iberia y aplicará el plan de ajuste

El consejo de administración del ‘holding’ IAG, en el que son socios Iberia y British Airways (BA), dio este viernes por rotas las negociaciones entre la aerolínea española y los sindicatos, para anunciar luego que la primera «seguirá adelante» con los ajustes previstos en el polémico Plan de Transformación presentado el pasado 9 de noviembre. La respuesta sindical -trabajadores de tierra y tripulantes de cabina, puesto que los pilotos todavía no han tomado una decisión definitiva al respecto-, ya esperada, fue la convocatoria de varios días de huelga (no menos de cinco y con paros de 24 horas) para la segunda quincena de febrero, que formalizarán la semana próxima una vez cumplidos los trámites correspondientes.

Tras casi tres horas de reunión donde los consejeros británicos y españoles de IAG_cruzaron reproches sobre la necesidad o no de haber alcanzado un acuerdo previo con los sindicatos para evitar la etapa de conflictividad que ahora se abre, acordaron emplazar al consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez Lozano, a entrar en la segunda fase del citado plan. Es decir, empezar a aplicar las severas medidas de recorte de gastos que incluyen, entre otras, 4.505 despidos (el 23% de la plantilla), rebajas salariales de hasta el 35% y la eliminación de 25 aviones de su flota actual (un 15% de la capacidad) durante 2013 para centrarse en las rutas «más rentables». Desde los sindicatos, sin embargo, se considera que el «fin último» de este proceso es reducir Iberia «casi al nivel de una ‘low cost (operador de bajo coste)’», lo cual pasaría por ceder parte de sus rutas y actividades tanto a su socia BA, como a Vueling (sobre la que se ha lanzado una OPA), e incluso vender parte del negocio a terceros.

Para el consejero delegado de IAG, Willie Walsh, la falta de un acuerdo final supone una «decepción», aunque desde los sindicatos se acusa al ‘holding’ de poner distintas trabas al proceso. Una de ellas fue su insistencia en que las conversaciones abiertas a finales de diciembre se debían cerrar el pasado jueves (31 de enero), pese a que la propia dirección de Iberia había firmado un acuerdo de mediación con los representantes de los trabajadores donde se contemplaba la posibilidad de ampliar ese plazo, algo a lo que los segundos estaban dispuestos. No dio la misma impresión por parte del grupo, lo cual entra en clara contradicción con el hecho de que el consejero delegado británico dijera en las últimas horas que la aerolínea española «sigue lista y dispuesta a negociar».

El Gobierno, receloso

Extraña también que el anuncio de IAG se produzca mientras el sindicato de pilotos (SEPLA) sigue a la espera de una respuesta de la aerolínea española a su última contraoferta, que incluye un recorte del 60% en los costes salariales a cambio de que la producción de Iberia se reduzca solo un 10% en vez del 15% pretendido por la empresa. Por parte del Ejecutivo, donde se ve con recelo el abrupto final de las negociaciones y el proceso de severo ajuste que se abre ahora, se ha insistido en las últimas horas en que en este conflicto se juegan varios asuntos importantes para el país, amén del propio futuro de la otrora aerolínea española de bandera. «Hablar de Iberia –explicaba la ministra de Fomento, Ana Pastor– es hablar de Barajas como ‘hub (base de operaciones)’ internacional, de la movilidad de las islas, de la movilidad dentro del país, de un servicio a los ciudadanos y, en definitivo de un sector clave para la economía nacional como es el turismo».

La última propuesta -y casi única, según los sindicatos- de Iberia, presentada casi ‘in extremis’ el jueves, pasaba por una reducción de la plantilla un 30% inferior a la anunciada en noviembre (de 4.505 a 3.147 despidos), un recorte salarial también menor (de entre el 11% y el 23% frente a la franja del 25%-35% prevista antes) y una reducción de capacidad más moderada (del 10% frente al 15% que se incluía en el plan original de ajuste). Los representantes de la plantilla, no obstante, señalaron que todo pasaría por alcanzar los objetivos iniciales del polémico Plan de noviembre, fundamentalmente lograr 300 millones de euros de beneficio en 2015 frente a los 245 millones de pérdidas registrados en el primer semestre de 2012, lo cual estiman «del todo punto inviable» salvo que se reduzca la actividad de forma “muy severa», eliminando numerosas rutas y segregando (en todo o en parte) las actividades de ‘handling (asistencia en tierra)’ y mantenimiento.