El veto del PSOE a Amaiur hace que ERC rompa la unidad de acción contra el decreto de pensiones

Iba a ser una foto cargada de simbolismo. Un logro del PSOE. Los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la oposición juntos frente a la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo. Seis firmas en un mismo recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero las cosas han acabado saliendo de otra manera. Los socialistas han dejado claro que no querían la participación de Amaiur. Y ha habido enfado.

El veto de Alfredo Pérez Rubalcaba -que considera que aún es pronto para tratar de igual a igual a la formación en la que comparten espacio los herederos de Batasuna, EA, Alternatiba y Aralar- ha provocado el cambio de opinión de Esquerra Republicana de Catalunya, que ha optado por no rubricar el recurso. Otros, como IU, han mantenido intacto su apoyo a un frente común contra el Ejecutivo pero han escenificado su disconformidad con el gesto del líder del PSOE, que UPyD comparte.

El anuncio de este recurso conjunto llega el mismo día en el que el Congreso convalida, con el único apoyo del PP, el decreto por el que el Ejecutivo subirá las pensiones superiores a 1.000 euros un 1% y el resto un 2%, por debajo del aumento del IPC. El argumento con el que los socialistas habían decidido acudir al Constitucional, compartido por el resto de fuerzas, era el de que se está vulnerando un derecho que los pensionistas han estado generando a lo largo de todo el año.

A diferencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el de Rajoy no ha congelado las pensiones. Pero el principal partido de la oposición aduce que ellos actuaron dentro de la legalidad al anunciar su decisión un año antes de que se hiciera efectiva.

Sensatez, según el Gobierno

Por su parte Fátima Báñez, ha defendido la decisión del Ejecutivo. Ha asegurado que es "sensata", que no se puede "ni evitar, ni aplazar", y que responde a la necesidad fundamental de reducir el déficit público. Aún con todo, Báñez ha insistido en que el compromiso del Gobierno con los pensionistas es "irrenunciable".

Báñez ha señalado que se trata de una decisión difícil pero ponderada, y que el Ejecutivo debe pensar en las necesidades de la Seguridad Social de hoy y de mañana. "Lo hacemos con el convencimiento de que las reformas que hoy emprendemos son el empleo y la garantía del bienestar de mañana. Son el camino correcto de la salida de la crisis", ha puntualizado.

Las palabras de la oposición

Pese a que la foto finalmente no se ha producido el rechazo al decreto ha sido unánime. La mayoría de los partidos políticos, incluido Foro Asturias, que habitualmente apoya al Ejecutivo en sus decisiones, se han opuesto a esta medida por considerar que la no revalorización de las pensiones afecta a un derecho consolidado de los jubilados y que además tiene efectos retroactivos.

El diputado de CiU, Carles Campuzano ha criticado que el Gobierno no haya tenido voluntad de acordar una medida sobre pensiones en el Pacto de Toledo y ha instado al Gobierno a que rectifique. Ha lamentado que los pensionistas sean uno de los sectores más perjudicados por el alza de la inflación y ha dicho que el Ejecutivo empobrece a muchas familias que viven de las pensiones de sus mayores.

El portavoz del grupo Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha asegurado que el Real Decreto estafa a los pensionistas un derecho reconocido y ha asegurado que el Gobierno ha conculcado el artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, ya que incumple los principios de consolidación de un derecho. "Plantean que se aplique un cambio de la ley de manera retroactiva, cuando se trata de un derecho que adquieren los pensionistas a principios de año y que se convierte en un derecho consolidado", ha puntualizado. Coscubiela ha sido duro al aseverar que "ni ustedes ni Dios se lo pueden quitar".

El portavoz parlamentario del PNV, Emilio Olabarría, ha argumentado que su grupo se adhiere al recurso de inconstitucionalidad del Real Decreto porque niegan un derecho de ley y han "expoliado" a los jubilados al privarles de poder adquisitivo y un derecho de propiedad privada. "Es algo apocalíptico lo que está haciendo el Gobierno con los jubilados y pensionistas", ha recalcado, tras criticar que el Gobierno ha mentido porque en 12 ocasiones han asegurado que iban a cumplir la ley. Ha señalado que los pensionistas españoles son los que cobran la prestación más baja en la zona euro, "lo que es injusto", y ha indicado que empobrecen a un colectivo solo por su condición de serlo.

Desde UPyD, su dirigente Rosa Díez ha dicho que el rechazo a este Real Decreto se debe a que son medidas "injustas e ilegales". Ha puntualizado que el de hoy es un debate sobre "las mentiras, no sobre las medidas" y ha ironizado que para resolver los grandes problemas del déficit público el Gobierno no tiene en cuenta el dinero que se otorga a la reestructuración bancaria.

Desde el Grupo Mixto, Enrique Álvarez, el diputado del Foro Asturias ha asegurado que no apoyará el Real Decreto por ser "sorpresivo e innecesario", mientras que Joan Baldoví de Equio-Compromís ha calificado de "desfachatez y estafa" la no actualización de las pensiones y ha criticado que el Gobierno se quede "de nuevo en su soledad" ante la unanimidad de los grupos de presentar una recurso de inconstitucionalidad.

Desde el BNG la diputada Olaia Fernández ha aseverado que el Ejecutivo se "carga el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo, se carga las cautelas del fondo de reserva de la Seguridad Social y el derecho farmacéutico que tienen los enfermos crónicos".

También el diputado de CC Pedro Quevedo ha apoyado el recurso de inconstitucional por tener carácter retroactivo, al tiempo que Joan Tardá de ERC ha criticado que el Ejecutivo se "salte la ley de la Seguridad Social" para hacer pagar la crisis a los más débiles, y ha lamentado que el Gobierno ataque derechos individuales consolidados.

Desde Amaiur Sabino Cuadra ha lamentado que el Gobierno "juegue" con los ciudadanos y destine un dinero a la banca que podría haber pagado pensiones durante quince años. También ha acusado al Ejecutivo de manipular los datos del IPC de noviembre a través de conciertos con las petroleras.

El diputado de UPN Carlos Salvador ha sido menos crítico y ha dicho que afirmar que el descenso de los ingresos de la tesorería de la Seguridad Social se puede "sortear" sin hacer sacrificios "es un engaño", que sólo se puede hacer desde la demagogia. Ha criticado la incapacidad institucional que impide llegar a acuerdos sensatos entre los dos partidos principales.