Wert tropieza con Wert

El Gobierno dio ayer un paso más en el tortuoso camino para aprobar la reforma educativa. El texto presentado a los consejeros autonómicos logró el aval de doce de los representantes regionales (los gobernados por el PP), la discrepancias de otros cuatro y el rechazo total de Cataluña. Y es que la reunión se convirtió en un nuevo choque entre el Gobierno central y el catalán, en esta ocasión por la lengua en las aulas. La Generalitat consideró «inasumible» la modificación del modelo lingüístico propuesto por el Ministerio de Educación en el nuevo Anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que da más peso al castellano y garantiza su uso como lengua vehicular.

Ese enfado se escenificó con el abandono de la reunión de la consejera de Educación catalana en funciones, Irene Rigau, al considerar que la propuesta del Gobierno «relega» al catalán a una «segunda o tercera fila». Un extremo negado por el ministro José Ignacio Wert , quien se amparó en las sentencias judiciales para defender su normativa. «Para nosotros el modelo lingüístico es innegociable. La propuesta del Gobierno invade las competencias recogidas en el Estatut y la Ley autonómica de Educación», explicó la consejera catalana.

Rigau reiteró la intención de recurrir la normativa al Tribunal Constitucional, aunque confió en que el Gobierno dé marcha atrás y retire la propuesta. Además, anunció que presentarán un informe jurídico explicando las razones por las que el texto es, en su opinión, contrario a la legislación catalana. «En Cataluña seguimos un modelo lingüístico desde hace 30 años que es defendido por toda la sociedad», aseguró.

Tema sensible para Cataluña

La responsable de Educación de la Generalitat se mostró muy molesta por una modificación en una materia «tan sensible» para Cataluña que no fue debatida en ninguna de las reuniones anteriores y que se les comunicó solo 24 horas antes de la reunión sectorial. Un extremo que incumple el reglamento y que obligará a una nueva reunión el 19 de diciembre.

La propuesta que abrió la caja de los truenos es una nueva disposición que contempla un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano «en una proporción razonable». Es esa ambigua expresión la que ha levantado ampollas en la Generalitat. Ven en ello la intención del Gobierno de modificar la inmersión lingüística y dar más peso al castellano. «No estamos invadiendo la competencia educativa de Cataluña. No estamos poniendo una cuota que suponga disminuir el peso del catalán», aseguró Wert .

Además, recordó que esas palabras son las utilizadas por el Tribunal Supremo y el Constitucional en las sentencias referidas a varias normativas lingüísticas en Cataluña. En un intento de calmar los ánimos, el ministro presentó un texto alternativo en el que se incluía el examen de las lenguas cooficiales en las evaluaciones al final de cada etapa educativa (Primaria, ESO y Bachillerato). Una medida que la delegación catalana también consideró insuficiente.

Plurilingüïsmo

Otro tema polémico se refiere a la obligación de la administración autonómica de costear la escolarización en un centro privado o concertado de los alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular. Una medida con la que el Gobiernto trata de garantizar el derecho de los estudiantes que en Cataluña denuncian la imposibilidad de estudiar en castellano. Una medida que la Generalitat también ve como un ataque. En respuesta a estas propuestas el presidente de Cataluña, Artur Mas, convocó para el próximo miércoles una reunión con los partidos catalanes para «hacer piña» en defensa del catalán.

Esta polémica lingüística no se da en otras comunidades con lengua propia, ya que tienen un sistema de plurilingüimo. En el País Vasco los alumnos pueden elegir entre tres modelos (A, B y D). En el A la lengua vehicular es el castellano, el B es un modelo mixto y en el D es el euskera la lengua vehicular. En Galicia una ley aprobada durante el Gobierno PSOE-BNG obligaba a impartir en gallego un mínimo del 50% de las asignaturas. Con Núñez Feijoo esa normativa se flexibilizó y los estudiantes pueden escoger la lengua vehicular. En Baleares también existe la opción de elegir la lengua vehicular, aunque el castellano tiene un mínimo de seis horas semanales. Los demás aspectos normativos se mantienen prácticamente igual. La mayoría de comunidades gobernadas por el PP garantizan la aprobación definitiva del texto el próximo 19 de diciembre.

Por su parte, los consejeros socialistas (Asturias, Andalucía y País Vasco) mostraron su oposición al borrador de la reforma. La consejera andaluza, Mar Moreno, acusó a Wert de querer «entregar» la educación a «la escuela privada y al mercado».